Pospuesta de nuevo la cuestión de confianza a Sánchez

Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley el pasado 9 de diciembre

¿Hasta llega la paciencia de Junts y especialmente de Puigdemont al no conseguir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza? Pues está por ver porque la Mesa del Congreso, gracias a la mayoría del PSOE y Sumar, ha vuelto a retrasar su decisión sobre la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts exigiendo al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Es la segunda vez que los dos partidos del Gobierno de coalición evitan que la Mesa resuelva este trámite formal y deciden darse más tiempo, esta vez con intención de llegar a un acuerdo con Junts.

Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley el pasado 9 de diciembre y los letrados del Congreso no pusieron obstáculos a su tramitación, pero cuando la Mesa estudió por primera vez la iniciativa, el 17 de diciembre, la decisión se dejó en el aire.

Tanto entonces como ahora, desde el PSOE mantienen que no hay problema en volver a retrasar la decisión de la Mesa porque, de calificarse, Junts no tendría cupo para someterla a debate en el Pleno hasta mediados de febrero, mes en que arranca el nuevo periodo de sesiones.

Reformular el texto

Así, todas las opciones continúan abiertas, incluido el veto a su debate. El secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar, ha comentado a su llegada a la reunión de este martes que es partidario de ver cómo se puede «adaptar al Reglamento», lo que pasaría por su reformulación.

Una fórmula que ya apuntaron los servicios jurídicos en su informe podría ser introducir una apostilla para dejar constancia de que su aprobación no tendría efectos jurídicos. En cualquier caso, los letrados ya dejaron claro que, aunque se aprobase con su redacción original, las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Según el informe de los letrados, que no es vinculante, dado que no hay precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a utilizar un instrumento (la cuestión de confianza) que sólo a él le corresponde activar, debe ser la Mesa la que fije un criterio que sirva también para futuras decisiones sobre textos similares.