¿A qué espera la presidenta para pedir explicaciones a Requero?

El Consejo tiene abiertas diligencias informativas al juez Peinado tras una denuncia del ministro Bolaños por su declaración

Este medio publicaba el pasado 19 de junio un artículo titulado “El Consejo debe prohibir al magistrado del Supremo José Luis Requero sus inaceptables insultos públicos al Gobierno”.

El Consejo al que se hacía referencia en el título es, como resulta del contenido del artículo, el Consejo General del Poder Judicial, que, desde hace ya casi un año, preside la magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo doña María Isabel Perelló Doménech.

Ese medido, juicioso y fundamentado artículo ha tenido, incluso fuera de nuestras fronteras, un enorme seguimiento público y, sobre todo, a la vista de la masiva respuesta y comentarios de que ha sido y sigue siendo objeto por parte de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, profesores y otros operadores jurídicos puestos en contacto con este digital, una aceptación de su cabal contenido que roza la unanimidad.

Hace pocos días, este y otros medios han desvelado que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto, o está en trance de abrir, unas diligencias informativas a Juan Carlos Peinado, magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid, con motivo de su interrogatorio al ministro de Justicia Félix Bolaños en el marco de las actuaciones que sigue a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Esas diligencias se abren, al parecer, como consecuencia de la queja dirigida al Consejo General del Poder Judicial por el triministro Bolaños, en uso de su derecho.

Rapidez

Es reconfortante que el órgano de gobierno de los jueces sea tan raudo en tratar de depurar las posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrir el magistrado Peinado con ocasión del ejercicio de su función jurisdiccional.

Pero resulta cuanto menos curioso que no se conozca que el Consejo que tan brillantemente preside doña María Isabel Perelló no haya adoptado, que se sepa, actuación alguna respecto a la reiterada y continuada en el tiempo actuación del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (la misma en que hasta hace casi un año prestaba servicio doña María Isabel Perelló) José Luis Requero, a la que se refiere el artículo del 19 de junio pasado.

Este magistrado del tribunal Supremo, que en sus periódicas colaboraciones en prensa (suponemos que no remuneradas, pero para las que, lo sean o no, sin duda tendrá la preceptiva compatibilidad concedida por la Comisión Permanente del Consejo), efectivamente mantiene y expresa, con duras expresiones, posturas y opiniones sumamente críticas para con el Gobierno, sus miembros y los de algunos otros órganos constitucionales, pudiera haber incurrido, presunta o indiciariamente, en una falta disciplinaria.

En efecto, el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera falta grave que un juez o magistrado dirija “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”,

En sus artículos en prensa (no en revistas científicas o en el marco de la producción literaria) el magistrado Requero, haciendo constar expresamente su condición de tal, dirige acerbas críticas o censuras a la labor gubernamental, a intervenciones de políticos, al Tribunal Constitucional o a la Fiscalía General del Estado (a los que recientemente califica de “apesebrados”).

Estas críticas, formuladas por cualquier ciudadano, son lícitas y pueden ser compartibles. Pero resultan inadmisibles cuando provienen de quien, en su profesión, ejerce la noble tarea de juzgar.

La principales funciones del Consejo General del Poder Judicial son, además de la de nombrar a los titulares de los altos puestos de la organización judicial española, las de índole disciplinaria. Para depurar las conductas presuntamente constitutivas de infracciones de esta índole está el Promotor de la Acción Disciplinaria.

Pues bien, doña María Isabel Perelló, que tan rápida y acertadamente procura recordar a los políticos que deben respetar la labor de jueces y tribunales, no acusándolos de faltar a sus deberes, como el de imparcialidad o el de sometimiento exclusivo al imperio de la ley, en el ejercicio de sus funciones, debería, en adecuada reciprocidad, poner en marcha (si es que todavía no lo ha hecho) la oportuna investigación de la actuación del magistrado Requero, aunque sea un ex compañero de Sala.

Lo contrario, es decir, hacer caso omiso a una actuación que, a primera vista, pudiera parecer impropia de quien ejerce funciones jurisdiccionales al más alto nivel, mientras que a otros miembros de la carrera judicial se les aplica estrictamente la ley (como así debe ser) parece introducir en la actuación del Consejo General del Poder Judicial un doble estándar, una doble vara de medir, que no parece que pueda ser compatible, sin escándalo, con un recto e igualitario entendimiento de la aplicación de la ley.

Y más en estos días, en que miles de servidores de la justicia española inician una inédita huelga de tres días para que, con expresión que ha hecho fortuna, la política saque sus manos de la justicia. Del mismo modo, quienes imparten justicia deben permanecer al margen de la política.

En definitiva, la Sra. Presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ha de hacer honor tanto a los deberes que le impone su cargo como a sus manifestaciones públicas y propiciar que se aplique la ley a todos por igual para que los ciudadanos puedan ir recuperando su confianza en el órgano constitucional que encabeza, tan maltratado, desde hace años, por el cambalache, los enredos y tejemanejes y la politiquería.