El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 1 de julio, en primera vuelta, el anteproyecto de ley de Consumo Sostenible presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que prohíbe la publicidad de los combustibles fósiles y la subida de precios en la reventa de entradas, e incluye medidas para regular la ‘publicidad del miedo’, la obsolescencia programada, el ‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’ y la reduflación.
Así lo ha dado a conocer el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha explicado que el anteproyecto de ley traspone la Directiva europea de empoderamiento para la transición ecológica y la de Derecho a reparar.
En la actualidad, ya está prohibida la utilización de bots para adquirir entradas de espectáculos culturales y posteriormente revenderlas.
Con la modificación actual se impide que en esa reventa se pueda incrementar el precio de la entrada más allá de la variación del IPC desde el momento de la compra inicial, según han informado fuentes del Ministerio.
Actualmente, está prohibido que las empresas utilicen sistemas de bots para una compra masiva de entradas destinada posteriormente a la reventa. Así viene recogido en el artículo 27.6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Esta prohibición fue incorporada a la normativa española como transposición de Directiva Europea, que impide a los comerciantes revender entradas para espectáculos culturales y deportivos adquiridas mediante «bots» que superen los límites de compra o evadir medidas técnicas para garantizar el acceso equitativo a todos los consumidores.
Añade la normativa:
«Esa prohibición se entiende sin perjuicio de cualquier otra medida nacional que los Estados miembros puedan adoptar para proteger los intereses legítimos de los consumidores y velar por la política cultural y el acceso generalizado de todos los individuos a espectáculos culturales y deportivos, como por ejemplo la regulación del precio de reventa de las entradas»
Desde el Ministerio avisan de que esta prohibición no está funcionando:
«Los grandes incentivos económicos que genera esta reventa por parte de empresas dificultan la aplicabilidad de estos»
A través de la Ley de Consumo Sostenible, el Ministerio modifica el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para prohibir el aumento de su precio más allá de la variación del IPC desde la compra inicial hasta la reventa.
Esta medida busca «atacar los incentivos económicos que hay actualmente en la reventa para poder acabar con la misma». Es decir, que la compra de entradas masiva a través de bots para después vender la misma a precios «desorbitados» deje de ser posible.
La venta de entradas en reventa a precios superiores al regulado será ilegal, similar a la publicidad de pisos turísticos. Se podrá bloquear páginas web infractoras y aplicar sanciones correspondientes.
Esta medida ya está contemplada en normativas de países del entorno de España.
En Bélgica, existe el artículo 5 de la Ley de 30 de julio de 2013 relativo a la venta de entradas para eventos. Ésta prohíbe la reventa habitual de entradas y provisión de medios, siempre que no cuenten con autorización del organizador; y la reventa ocasional a precios superiores al original.
Por su parte, en Francia, la reventa de entradas está regulada por la Ley n.º 2012-348, que introdujo el artículo 313-6-2 en el Código Penal francés. Esta disposición prohíbe la reventa habitual de entradas para eventos culturales, deportivos o comerciales sin la autorización expresa del organizador o productor del evento.
De acuerdo con información de la compañía de investigación de mercados y consultoría ´Verified Market Research, la proyección del valor del mercado de reventa en Europa para 2030 es de unos 7.769 millones de Euros, partiendo de una estimación de 1.817 millones de Euros en 2024.
España, que suele representar entre el 10% y el 15% de este mercado secundario, verá cómo su sector de reventa de entradas aumentará de 322 millones de Euros en 2024 a 932,3 millones de Euros en 2030.
Desde el Ministerio apuntan que dentro de la limitación del precio de reventa por parte de empresas, una parte muy importante de este importe permanecerá disponible para el gasto de las familias. En lugar de estar destinado a una actividad improductiva y que no aporta valor añadido.