La plataforma Recuperando afirma que más del 80% del patrimonio histórico del Estado “está a nombre de la Iglesia” y que esos bienes “deberían ser de dominio público”
La Iglesia católica española está dispuesta a devolver los bienes inmatriculados “que no le correspondan” siempre que se revisen “uno a uno”, según ha manifestado el vicesecretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.
Barriocanal ha asegurado que no quieren ningún tipo de privilegios y que si estudiando caso por caso se demuestra que “algo esta donde no debe de estar, se devolverá”. El vicesecretario general de los curas españoles ha hecho estas afirmaciones mientras participaba en una mesa redonda organizada dentro de las jornadas sobre inmatriculaciones, organizadas por la plataforma Redes Cristianas, que agrupa a 200 grupos , comunidades y movimientos católicos de base de toda España. Esta plataforma se ha erigido en un movimiento fuerte activo contra las inmatriculaciones de la Iglesia ya que consideran que son “inconstitucionales” y que van “contra el evangelio”.
En el debate, Barriocanal ha intercambiado sus opiniones con el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno, Alberto Herrera, y con el portavoz de la plataforma Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez. Por parte del Gobierno, Alberto Herrera ha asegurado que los trabajos con la Iglesia sobre inmatriculaciones no están zanjados sino que “continúan” y se ha comprometido a recibir y escuchar a la plataforma que pide desinmatricular todos los bienes.
En todo caso, el subsecretario Herrera ha aclarado que el Gobierno no puede declarar inconstitucionales todas las inmatriculaciones por medio de un reglamento. Además, sobre la derogación de los Acuerdos Iglesia-Estado, ha precisado que “no es una cuestión sencilla ni exenta de complejidad”.
Mientras tanto, desde la plataforma Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez, ha tachado de “escándalo” las inmatriculaciones que, según sus datos, ascienden a 100.000 en todo el Estado, y ha pedido al Gobierno que “declare la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados”. “Es un escándalo”, ha señalado, al tiempo que ha propuesto dar un plazo de uno o dos años a la Iglesia para que regularice los bienes que pueda acreditar que le pertenecen.
Según ha indicado, “más del 80% del patrimonio histórico del Estado está a nombre de la Iglesia” y ha subrayado que esos bienes “deberían ser de dominio público”.