La funcionaria que fisgoneó en el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco se enfrenta a tres años de prisión
Una funcionaria del servicio de atención a víctimas que consultó de forma indebida en el sistema informático de violencia de género el expediente de Rocío Carrasco se enfrenta en Sueca (Valencia) a una posible condena de tres años y medio de prisión como supuesta responsable de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, informa La Razón.
También se le reclama una multa de 5.400 euros, la inhabilitación absoluta durante seis años y el pago de las costas procesales.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal esta funcionaria consultó el citado expediente “sin justificación alguna” el 23 de marzo de 2021 utilizando las contraseñas que disponía para su trabajo.
La acusada accedió, según el fiscal, a “información y datos reservados de Rocío Carrasco Mohedano y Antonio David Flores que no eran conocidos públicamente”, tales como fecha de nacimiento, teléfonos, direcciones personales, fecha de alta del caso, unidad policial y situación del mismo, la unidad a la que se asignó, valoraciones de riesgo realizadas, fecha de la denuncia o medidas judiciales adoptadas.
El pasado mes de octubre la delegación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Valencia judicializó varias diligencias de investigación penal abiertas contra varios funcionarios por acceder de forma indebida a los datos de Rocío Carrasco y presentó denuncias contra siete de ellos.
Ésta en cuestión recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca (Valencia), que ha abierto juicio contra la funcionaria, aunque existen causas similares abiertas en otros juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada y Catarroja.
El acceso a esta documentación se conoció el pasado mes de junio y se produjo en el mismo periodo en el que se emitió en televisión un documental en el que la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco relataba supuestos episodios de malos tratos.
La Conselleria de Justicia abrió expediente a estos funcionarios y les apartó de forma temporal de sus funciones de atención a víctimas de violencia machista.
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