La Fiscalía reduce en 336.000 euros el dinero malversado para el 1-O que pide devolver a los líderes del ‘procés’

Puigdemont reivindica en su inmunidad como eurodiputado para pedir al Tribunal de Cuentas que paralice el procedimiento después de que la Eurocámara dijera que había accedido al escaño “probablemente de manera ilegal”

La Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la ‘factura’ que reclama que deben devolver los 34 excargos de la Generalitat de Cataluña -incluidos el expresident catalán huido Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras– por presuntamente malversar fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En la demanda anterior reclamaba 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad contable por ese presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del procés.

La rebaja de más de 300.000 euros obedece a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña Civisme. Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación en este procedimiento, se ha adherido al movimiento del Ministerio Público y también ha rebajado su demanda en dicho importe, por lo que quedaría poco menos de 5 millones de euros.

Así, según ha informado Europa Press, se han pronunciado ambas acusaciones en la audiencia previa que se ha celebrado en el Tribunal de Cuentas (TCu) sobre la presunta malversación de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del proceso separatista.

Tras dicho cambio, el antiguo responsable de difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, se ha visto apartado del procedimiento toda vez que se ha declarado el sobreseimiento parcial para él porque solo se le atribuía la irregularidad relativa a la campaña de Civisme a la que han renunciado la Fiscalía y SCC.

Viraje de la Fiscalía

En este sentido, el Ministerio Público modifica la demanda que presentó el pasado abril contra 35 excargos del Govern, donde además pedía apartar a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otras 14 personas, de la lista se posibles responsables contables, una petición a la que finalmente accedió el tribunal.

En su demanda inicial, la Fiscalía rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el Tribunal de Cuentas a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1-O. Ahora, tras la rebaja anunciada este viernes, el importe reclamado quedaría en 3,1 millones.

Por su parte, Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que se incluyen Junqueras, Puigdemont y el también ex presidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la difusión del procés en el extranjero por parte de la Generalitat. En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, cifra que ahora se ve disminuida tras reducir en 336.143,34 euros su demanda.

Inicialmente, el Tribunal de Cuentas estableció que 5,4 millones de euros era la cifra correspondiente a la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ’embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como ‘Diplocat’, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

Puigdemont sigue defendiendo su inmunidad como eurodiputado

Mientras tanto, en el marco de la audiencia previa, la defensa de Carles Puigdemont -encabezada por Gonzalo Boye- ha insistido en que la condición de eurodiputado del dirigente y la inmunidad que esta conlleva para pedir al TCu que paralice el procedimiento que se sigue en su contra.

Hay que recordar que el pasado 26 mes de noviembre el abogado Norbet Lorenz, que representa al Parlamento Europeo en la causa sobre la inmunidad parlamentaria de Puigdemont en la vista ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), dio un tirón de orejas a la propia Eurocámara. Subrayó que la institución había sido demasiado laxa con él al tener un trato “extremadamente abierto”. De hecho, fue más allá y precisó que le permitieron ocupar su asiento como eurodiputado “probablemente de manera ilegal” dado que lo hizo sin que España diera el beneplácito a varios líderes del procés prófugos de la justicia para proclamarles como parlamentarios.

“La continuación del procedimiento sin el suplicatorio es una vulneración de la inmunidad y eso genera una nulidad respecto a este procedimiento”, ha dicho el letrado. “No estamos diciendo que el Parlamento Europeo vaya o no a levantarle la inmunidad. Pero este procedimiento no puede continuar“, ha añadido al tiempo que ha subrayado que si el Tribunal Supremo tiene que pedir un suplicatorio a la Eurocámara, el Tribunal de Cuentas también debe hacerlo.

En este sentido, Boye ha institido en que lo mismo aplicaría para los exconseller Toni Comín y Clara Ponsatí, que también gozan de escaño en el Parlamento Europeo. “No se debería continuar con este procedimiento al menos a lo que respecta a ellos tres”, ha apuntado.

La Fiscalía, sin embargo, ha incidido en que defender dicha inviolabilidad “resultaría contrario al propio derecho de la Unión Europea, que establece que la inmunidad no es un privilegio personal del diputado sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto“.

Sociedad Civil Catalana, que ejerce acusación en la causa, ha pedido al tribunal que no tenga en cuenta la petición de Puigdemont, porque, según ha dicho, el dirigente “no goza de inmunidad” al no acreditarse su condición de eurodiputado.

¿Qué alegan las defensas?

En esta audiencia previa, las partes han planteado las “excepciones procesales” que han estimado oportunas. Así, el procedimiento por la responsabilidad contable del procés se ha adentrado en su recta final con decenas de ex cargos del Govern como acusados y Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC) como acusaciones.

En concreto, las defensas han planteado una serie de cuestiones para pedir al tribunal que no siga adelante con el procedimiento. Han alegado, entre otros, la falta de jurisdicción del órgano fiscalizador, la nulidad de la causa en fases previas, la inmunidad de tres de los encausados que son eurodiputados, la falta de legitimación de Sociedad Civil Catalana como demandante y la incompatibilidad de que el Tribunal de Cuentas siga un procedimiento cuando el Tribunal Supremo ya juzgó a varios de los encausados.

Por su parte, la defensa de Oriol Junqueras que lleva el abogado Marc Marsal Ferret ha mostrado su oposición a la demanda de SCC. ha considerado que ha hecho una “ampliación” de su escrito inicial. Así, ha incidido en que la acusación al principio reclamó la responsabilidad contable relativa al referéndum del 1 de octubre de 2017 y finalmente incluyó también la relativa a los gastos por la acción exterior de la Generalitat.

La juez del Tribunal de Cuentas ha respondido este mismo viernes a esta cuestión y ha asegurado que no aprecia que exista una ampliación indebida de la demanda. “SCC lo que ha hecho es explicar el origen de los fondos“, ha señalado.

Sobre el asunto de la incompatibilidad que han alegado las defensas, el fiscal ha defendido que es “compatible” la acción penal del Tribunal Supremo y la acción contable del Tribunal de Cuentas que se ha llevado a cabo contra varios de los encausados en este procedimiento, en referencia, entre otras personas, a Junqueras. Sin embargo, finalmente la jueza no ha entrado en esta cuestión.