La Fiscalía acusará a Puigdemont de malversación, desórdenes públicos agravados y desobediencia

Los cuatro fiscales del procés no permitirán que el nuevo fiscal general de Sánchez les imponga un trato de favor a los secesionistas más allá del indulto que les dio el presidente y la eliminación de la sedición

El fiscal general del Estado, Álvaro Garía Ortiz, ha avalado el criterio de los fiscales del ‘procés’ de respaldar la decisión del magistrado instructor, Pablo Llarena, de mantener el procesamiento del ex presidente catalán Carles Puigdemont por un delito de malversación agravada, a pesar de la reforma penal que introduce versiones atenuadas.

García Ortiz comparte el criterio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que ayer martes pidieron a Llarena que corrija su decisión inicial para, además de perseguir a Puigdemont por malversación agravada y desobediencia, lo haga por desórdenes públicos agravados.

Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que ha eliminado el delito de sedición y ha modificado el de malversación.

El mismo día que los cambios del Código Penal (CP) entraron en vigor, el pasado jueves, Llarena acordó reemplazar la sedición por desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, así como mantener la malversación agravada, desechando las versiones atenuadas.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) indicó que la reforma penal planteaba un escenario cercano a la despenalización de los hechos, si bien los cuatro fiscales esgrimen en su escrito que «la derogación del delito de sedición, que abarcaba un desvalor de la acción y un injusto típico mucho más amplio, no impide aplicar el delito del artículo 557.2 CP (desórdenes públicos agravados) y el de desobediencia».

Los fiscales del ‘procés’ solo discrepan con Llarena en la forma de perseguir los hechos antes calificados como sedición, al considerar que además de en el delito de desobediencia encajan en el de desórdenes públicos agravados, «compartiendo el resto de los pronunciamientos del auto», esto es, el procesamiento por la malversación agravada.

En su resolución, Llarena explicó que era posible mantener la antigua malversación, que contemplaba las mismas penas que el actual tipo agravado, de hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación, al interpretar que el «ánimo de lucro» que incluye la nueva redacción es equiparable a usar el dinero público como «propio», algo que cree que hicieron los líderes del ‘procés’.

Unificación de criterio

Las citadas fuentes aseguran que García Ortiz no planteó objeción alguna a la propuesta de los fiscales del ‘procés’ porque coincide en que no deben haber «espacios de impunidad». Ahora solo queda que el fiscal general emita un decreto, como ya hizo con la conocida ‘ley del solo sí es sí’, para unificar criterio sobre cómo deben aplicar los miembros del Ministerio Público la nueva malversación en las revisiones de casos que tengan lugar en busca de la norma más favorable al reo.

A tal fin, García Ortiz ha mantenido contactos con miembros de diversas fiscalías, incluidas Anticorrupción y la del Supremo, y se espera que el resultado se conozca en los próximos días.

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