Respecto a las 79 diligencias incoadas en distintos juzgados a instancias de familiares, 32 continúan en tramitación y 47 han sido sobreseídas
La Fiscalía ha respondido al oficio remitido el pasado 6 de octubre por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, en el que solicitaba información sobre las diligencias de investigación, denuncias o querellas interpuestas y procedimientos judiciales en tramitación, en relación con los fallecimientos en las residencias de la tercera edad como consecuencia del Covid-19 en la Comunidad de Madrid, según informa Confilegal.com
También, las preceptivas órdenes a los fiscales de la Comunidad de Madrid, para “garantizar la audiencia” a las víctimas indirectas, y “la asistencia en las investigaciones y procedimientos judiciales y a todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia en el proceso”.
Ya en 2021, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tras reunirse con la asociación Marea de Residencias, dio la orden verbal a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, de que los fiscales de todas las fiscalías territoriales asistieran a las declaraciones de los familiares, que éstos fueron oídos en las diligencias de investigación que se incoaran, que no se opusieran a la práctica de las diligencias por ellos interesadas y que se pidieran ampliaciones de los informes médicos forenses, ya que “se tenía conocimiento de la insuficiencia de los que se estaban emitiendo”. Y avisó el 14 de febrero, que debían actuar con el “máximo celo” y que si alguno no podía acudir deberán remitir escrito al juzgado poniendo en su conocimiento la imposibilidad de acudir y las razones que se lo impiden”.
Sobre lo relacionado con las diligencias de investigación y procedimientos judiciales en tramitación la situación por áreas, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha informado que no hay diligencias de investigación en trámite y que no se ha interpuesto por parte de la Fiscalía ninguna querella o denuncia entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2022. Tampoco existen procedimientos judiciales en tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Lo anterior
Por otra parte, de las nueve denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal, cuatro fueron archivadas por el juzgado y otras cinco continúan en tramitación. Respecto a las 79 diligencias incoadas en distintos juzgados a instancias de familiares, 32 continúan en tramitación y 47 han sido sobreseídas, de las cuales solo una con sobreseimiento libre. De este grupo de diligencias sobreseídas, ocho se encuentran en trámite ante la Audiencia Provincial por recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, bien directamente, bien adhesivos.
En la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares a 30 de septiembre de no existía ninguna diligencia de investigación en trámite y en lo que va de año tampoco se ha formulado denuncia o querella alguna por parte de la Fiscalía. En la actualidad se encuentran en trámite 14 diligencias previas en distintos juzgados, algunas de ellas después de que el juzgado dictara auto de inadmisión a la querella formulada por familiares de fallecidos que fue recurrido por el fiscal para solicitar la práctica de más diligencias, o bien porque el fiscal solicitó la prórroga del plazo de instrucción sin que aún haya obtenido respuesta.
En la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés a 30 de septiembre no existían diligencias de investigación en trámite. Las once que se incoaron con anterioridad a 2022. En lo que va de año tampoco se han interpuesto denuncias o querellas relacionadas con el fallecimiento por Covid en residencias u hospitales. En los juzgados, donde están las presentadas por los familiares, existen tres procesos en tramitación.
Y en la Fiscalía de Área Móstoles-Fuenlabrada tampoco existen diligencias de investigación en trámite y en lo que va de año tampoco se han interpuesto denuncias o querellas relacionadas con este asunto, si bien en los juzgados existen ocho procesos en tramitación.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, considera que los ciudadanos “merecen una respuesta” sobre los fallecimientos por COVID-19 registrados en residencias de ancianos sobre todo en la primera ola de contagios de la pandemia porque hay que “dignificar la memoria de las víctimas”.