La Eurocámara reconoce ante el TGUE que Puigdemont accedió a su escaño “probablemente de manera ilegal”

El abogado de la Eurocámara dice que la institución “tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes” y trató correctamente “los suplicatorios de suspensión de inmunidades”

El abogado Norbet Lorenz, el cual representa al Parlamento Europeo (PE) en la causa sobre la inmunidad parlamentaria del expresident de la Generalitat huido, Carles Puigdemont, ha mantenido este viernes en la vista ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que la institución ha sido laxa con él al tener un trato “extremadamente abierto”. De hecho, precisa que le permitieron ocupar su asiento en la Eurocámara “probablemente de manera ilegal” dado que lo hizo sin que España diera el beneplácito a varios líderes del procés prófugos de la justicia para proclamarles eurodiputados.

“Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España”, ha admitido el letrado en su alocución al inicio de la vista, según ha informado Europa Press.

El abogado del Europarlamento contesta de esta manera a la primera intervención de la defensa de Puigdemont y los otros dos exconsellers de Junts Per Catalunya (JxCAT) que fueron elegidos eurodiputados, Toni Comín y Clara Ponsatí. Así, ha alegado que la institución no respetó los derechos de los representados al tramitar los suplicatorios que tenían la intención de suspender su blindaje jurídico y ser juzgados en España.

Por su parte, el representante legal de los líderes secesionistas, Gonzalo Boye, ha pedido que “protejan” a sus clientes “del propio Parlamento Europeo” en su intervención inicial durante la vista.

La Eurocámara está “considerando retirales el escaño”, según Boye

Después de que el letrado europeo expusiera sus conclusiones, Boye ha apreciado que con estas manifestaciones el Parlamento Europeo ha adelantado que se está “considerando retirarles el escaño”, en referencia a la respuesta todavía pendiente de la presidenta del PE, Roberta Metsola, a la carta de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de noviembre. En esa contestación, informaba de que no acreditará a los tres eurodiputados electos de JxCAT mientras no acatasen la Constitución española.

No obstante, el propio Lorenz ha fundamentado su exposición en una sentencia dictada el pasado mes de julio y por la que TGUE desestimó otro recurso contra el Parlamento Europeo al advertir que esta institución “probablemente” posibilitó a a Puigdemont, Comín y Ponsatí acceder al escaño en contra de la legalidad.

En aquel fallo, el tribunal con sede en Luxemburgo dispuso que la decisión de negarles ocupar el escaño no deriva del presidente del Europarlamento, sino de la aplicación del ordenamiento jurídico español. La Justicia europea precisó que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

“El Parlamento Europeo, en realidad, tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes y ha tratado de manera totalmente correcta los suplicatorio de suspensión de inmunidades”, ha zanjado el abogado del PE.

Norbet Lorenz también ha defendido la independencia de la comisión parlamentaria encargada de analizar los suplicatorios y que la defensa pone en tela de juicio por estar presidida por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez y porque el ponente de los tres informes sobre los suplicatorios es un eurodiputado búlgaro del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) al que también pertenece Vox.

Puigdemont defiende que derogar la sedición facilitará su extradición y lo atribuye a una “persecución política”

Asimismo, la representación legal de Puigdemont ha defendido que la derogación del delito de sedición que se está produciendo con la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos persigue facilitar su entrega a la Justicia española. Con ello, considera que se evidencia la “persecución política” que sufre; lo cual, a su juicio, manifiesta la necesidad de mantener la inmunidad que conlleva el escaño como eurodiputado.

Es público y notorio que varios ministros y el propio [presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España”, ha afirmado Boye.

“¿Cuántos cambios en códigos penales en los Estados miembros conocen para obtener una euroorden?”, ha cuestionado Gonzalo Boye ante los seis magistrados que componen la sala del TGUE, que dictará sentencia -ante la que se podrá interponer recurso- se espera para comienzos de 2023. Aunque, según sostienen fuentes jurídicas, no hay una fecha definitiva por el momento.

Así, ha proseguido diciendo que la modificación del Código Penal para reformar la sedición reforuerza el argumento de que es un delito que no está tipificado en todos los Estados miembro por lo que no debería ser válido para ejecutar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) en las que están implicados.

Por otra parte, ha indicado que una vez que concluya la reforma, “habría que analizar” las consecuencias para los tres eurodiputados. Concretamente, el caso de Puigdemont y Comín es más complejo dado que además de reclamarles por sedición, les acusan de malversación. En cambio, a Ponsatí exclusivamente le imputan sedición.

La defensa asimismo ha puesto en duda que el Tribunal Supremo sea la autoridad judicial competente para decidir sobre los suplicatorios que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021 para que los tres políticos independentistas puedan ser juzgados en España; toda vez que ha criticado la imparcialidad de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos responsable de redactar los informes que avalaron la suspensión de sus inmunidades y que fue refrendado por el pleno de la Eurocámara.