La entrada en vigor del plan de ahorro energético desata un nuevo enfrentamiento político

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Pilar Llop
La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante un Consejo de Ministros. | E.P.

El PP ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero la ministra de Justicia ha asegurado que tendrá que hacer «contorsiones jurídicas» para tumbarlo

Este miércoles ha entrado en vigor la primera hornada de medidas de ahorro energético impulsadas desde el Ministerio para la Transición Ecológica. A partir de hoy, se deberá proceder a la regulación de termostatos en espacios públicos y al apagado de escaparates desocupados a partir de las 22:00 horas. El PP ha dejado claro que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

«Madrid es la única capital europea que tendrá que apagar los escaparates por una decisión arbitraria y autoritaria», han remarcado desde Génova. Los populares creen que el decreto viola la ley al esgrimir al menos «diez puntos inconstitucionales» y han manifestado su voluntad de denunciar el decreto ante la Justicia.

La ministra de Justicia, Pilar LLop, ha contraatacado este miércoles desde El programa de Ana Rosa, confirmando que la iniciativa discurre por todos los cauces legales pertinentes. «Tendrán que hacer muchas contorsiones y equilibrios jurídicos» para que se venga abajo, ha aclarado.

Cabe recordar que las mencionadas medidas no se pondrían en marcha de golpe, sino de forma gradual y siempre contemplando una posible «flexibilización» en los casos más comprometidos. Este mes de agosto se deberá limitar a 27ºC el uso de aire acondicionado en verano y a 19ºC la calefacción en invierno en edificios públicos, centros comerciales, hoteles, entre otros.

Los bares, restaurantes, gimnasios o peluquerías quedarían exentos de la aplicación de la normativa por considerar que en ellos se lleva acabo «un ejercicio físico constante» que requiere de unas condiciones térmicas específicas.

Por otro lado, para el inicio del mes de septiembre se instalarán indicadores de temperatura como termómetros en lugares visibles para que los transeúntes puedan apreciarlos allá donde vayan. Asimismo, también se instalarán sistemas de cerrado de puertas en lugares públicos.

Las sanciones por el incumplimiento de las iniciativas parten de 60.000 euros y podrían ascender hasta 100 millones si las infracciones son muy graves, aunque el pasado martes, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puntualizado en una entrevista en la Cadena SER que se concederá «manga ancha» a las Comunidades Autónomas para poner en marcha las directrices del decreto y que «se trata de encauzar y aportar, no de imponer multas inmediatamente».

La vicepresidenta tercera también aseguró que confiaba plenamente en que todas las Comunidades, sin excepción, cumplan el real decreto, y no haya una voluntad de «insumisión generalizada”.

Aunque también advirtió que, si pasado un tiempo prudencial y algunas Comunidades incumplen su aplicación, el Gobierno declarará “conflicto negativo de competencias” que según prevé la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, “puede ser apercibida por la otra administración”, en este caso por el propio Gobierno. Tampoco se descarta utilizar la vía del Contencioso, aunque en este caso se debería contar con el asesoramiento de los servicios jurídicos. De todas formas, Ribera ha explicado que ninguna de estas fórmulas será de “aplicación inmediata” y que la colaboración de las Comunidades Autónomas es “capital”.

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