La democracia española ante un cruce de caminos: un imperativo socialdemócrata de regeneración y el papel crucial del PSOE

Las malas prácticas de gobierno, visibles con preocupante recurrencia desde el inicio de la presente legislatura, han dibujado un panorama inquietante y han acentuado la sensación de precariedad democrática

JUAN DE JUSTO RODRÍGUEZ

España se encuentra, sin lugar a dudas, en un momento de excepcional gravedad histórica. La encrucijada actual no es meramente una crisis política coyuntural, sino el síntoma de un deterioro profundo en los cimientos de nuestra convivencia democrática. Desde una perspectiva socialdemócrata, que siempre ha defendido la primacía del interés general, la justicia social, el fortalecimiento de las instituciones y la igualdad de oportunidades, resulta imperativo analizar con rigor las derivas que amenazan nuestro modelo de estado y proponer un camino de regeneración que involucre a todas las fuerzas democráticas, pero de
manera particular al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dada su
centralidad en la historia reciente de nuestro país.

La corrupción, lamentablemente, ha trascendido la mera noción de trama puntual para revelarse como una consecuencia perniciosa de una forma de entender el poder disociada de la ética política. Cuando el ejercicio del poder se concibe como un fin en sí mismo, y no como un medio para el servicio público a la ciudadanía, se abren las puertas a prácticas clientelares, nepotistas y abusivas. Esta concepción instrumentalista del poder conduce a una visión del partido político no como una herramienta de representación y participación ciudadana, sino como un ente en el que puede germinar un cesarismo sin contrapesos. En un partido que sucumbe a esta lógica, la voluntad de una minoría, o incluso de un solo individuo, prevalece sobre los mecanismos internos de control, la deliberación democrática interna y la participación de la militancia. Esta patología erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en la política misma,
socavando la legitimidad del sistema democrático, elementos esenciales para el buen funcionamiento de una socialdemocracia robusta y creíble.

Las malas prácticas de gobierno, visibles con preocupante recurrencia desde el inicio de la presente legislatura, han dibujado un panorama inquietante y han acentuado la sensación de precariedad democrática. La ocupación partidista de instituciones fundamentales del Estado, que deberían operar con independencia y neutralidad en beneficio de todos los ciudadanos, desvirtúa su función y las convierte en meras extensiones del poder ejecutivo. La gestación de mutaciones constitucionales a través de vías no consensuadas, forzando interpretaciones o procedimientos que alteran el espíritu y la letra de la Carta Magna, representa una grave irresponsabilidad política que rompe la cohesión del pacto constitucional. Los pactos con fuerzas políticas que, por su naturaleza, sus objetivos explícitos o sus manifiestos ideológicos, no defienden el interés general
de la nación, sino intereses particulares o secesionistas, generan una profunda desazón y erosionan la idea de un proyecto común de país. La quiebra del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y en el acceso a los servicios públicos, el fomento irresponsable de la polarización social y el constante señalamiento del «otro» como enemigo, la erosión sistemática del Estado de Derecho y de la calidad democrática mediante la manipulación de leyes o la instrumentalización de organismos, así como las flagrantes injerencias en los medios de comunicación públicos y privados, constituyen atentados directos contra los pilares de una sociedad justa, libre y equitativa. La ausencia de consensos entre los grandes partidos, en lugar de ser una excepción en momentos de extrema necesidad, se ha convertido en una constante, impidiendo abordar los desafíos estructurales que enfrenta el país con la visión de estado que exige el interés colectivo y la estabilidad a largo plazo.

Particularmente alarmante es la creciente preocupación por las presiones
ejercidas sobre los organismos de control y vigilancia de la corrupción, así como la inminente reforma de la justicia. Estas acciones, en su conjunto, podrían socavar gravemente la separación de poderes, pilar fundamental e irrenunciable de cualquier democracia liberal y condición sine qua non para la existencia de un Estado de Derecho genuino. Comprometen, además, las más elementales garantías de independencia de la instrucción judicial y de unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, como la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, la garantía de que nadie, ni siquiera el poder político, está por encima de la ley. Cualquier intento de menoscabarla representa una amenaza directa a la calidad de nuestra democracia y a la capacidad real de combatir la corrupción de manera efectiva, transparente e imparcial. Una socialdemocracia que se precie, en su compromiso con la justicia social y la igualdad, debe ser la primera en defender y fortalecer la autonomía del poder judicial como baluarte inexpugnable de la justicia, la equidad y la confianza ciudadana.

Frente a esta coyuntura crítica, la necesidad de una profunda regeneración ética del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se presenta como un imperativo ineludible y una responsabilidad histórica. El PSOE, por su trayectoria, por haber sido el motor de la modernización de España y por su compromiso histórico con los valores democráticos y sociales, está llamado a liderar este proceso de reconstrucción y autoexigencia. Ello implica una autocrítica valiente y honesta, un examen riguroso de las decisiones tomadas en los últimos tiempos y de las dinámicas internas que han podido propiciar la situación actual. La regeneración ética no es solo una cuestión de principios morales o de imagen, sino una condición indispensable para recuperar la confianza de la ciudadanía, reconstruir
el crédito de la política y volver a ser el referente de progreso, estabilidad y
cohesión social que la sociedad española, especialmente los sectores más
vulnerables, necesita. Para un partido socialdemócrata, que se nutre de la
confianza popular y cuyo propósito es el bienestar colectivo, la erosión de la ética pública es una herida mortal que exige una respuesta inmediata y profunda, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la primacía del interés general sobre cualquier interés partidista o personal.

Es urgente y vital transitar hacia otra forma de hacer política. Ello implica, en primer lugar, la recuperación de la concordia cívica, un valor esencial en una sociedad plural y compleja como la española. Significa abandonar la retórica de la confrontación estéril, la descalificación constante del adversario y el ruido mediático, para priorizar el diálogo constructivo, el debate de ideas y la búsqueda de soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. La autocrítica, no solo del PSOE, sino de todas las fuerzas políticas, es un paso fundamental para reconocer errores, aprender de ellos y avanzar colectivamente. El respeto inquebrantable de las reglas de juego democrático, la defensa de la Constitución como marco común de convivencia y la búsqueda constante de consensos entre los grandes partidos son la única vía para abordar los grandes desafíos nacionales con la visión de estado que se requiere para garantizar la estabilidad,
la prosperidad y la cohesión social a largo plazo. La socialdemocracia siempre ha creído en la fuerza del diálogo, el acuerdo y el pacto como herramientas para construir un futuro mejor para todos, y es momento de reafirmar este compromiso.

En este momento de encrucijada, la voz de los ciudadanos debe ser escuchada y respetada como el pilar fundamental de nuestra democracia. Por ello, la convocatoria urgente de elecciones se erige como una medida democrática ineludible para dar la palabra a los españoles. Solo a través de las urnas podrá revalidarse la legitimidad de nuestras instituciones y reorientar el rumbo del país con un mandato claro y renovado. Es el momento de que la ciudadanía, en pleno ejercicio de su soberanía popular, decida el camino a seguir, renovando o no su confianza en un proyecto de país que recupere los valores de la ética política, la concordia, el respeto escrupuloso a las instituciones y el compromiso innegociable con el bienestar de todos los ciudadanos. La socialdemocracia debe liderar este proceso con ejemplaridad, ofreciendo un horizonte de esperanza y un compromiso inquebrantable con la calidad democrática, la justicia social y la defensa de los derechos y libertades de todos.