La Audiencia estudia la extradición de un médico militar acusado de torturas durante la dictadura uruguaya

La Fiscalía explica que los hechos constituyen, según la legislación de Uruguay, delitos de lesa humanidad, abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y un delito de privación de libertad

La Audiencia Nacional (AN) estudiará este miércoles la extradición a Uruguay de Carlos S.F., quien fuera médico del Regimiento de Caballería Mecanizado número 6 y que, según el país sudamericano, habría participado en torturas entre los años 1972 y 1975 en el marco de la dictadura uruguaya.

En el escrito por el que la Fiscalía interesa su entrega, recogido por Europa Press, se apunta al reclamado como asesor de los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) que, mediante la coerción física, habrían obtenido testimonios de los detenidos en el marco de una operación contra el PCR.

«Como consecuencia de las confesiones obtenidas mediante el uso de la violencia se obtuvieron condenas de los interrogados y de terceras personas», explica el Ministerio Público, que señala que, según la documentación remitida por Uruguay, el número de afectados por las torturas serían nueve.

Una de ellas «manifestó que cuando estaba detenida en el Regimiento número 6 estuvo siempre encapuchada». El reclamado le habría asegurado que no estaba embarazada pese a que lo estaba y le habría hecho firmar un acta con la amenaza de que, si no lo hacía, la volvería a torturar.

amenazas con ácido

Desnuda y atada de los tobillos con alambre, le habrían aplicado «la picana [barra transmisora de electricidad] y la amenazaron con quemarla con ácido o fusilarla». «Como consecuencia de las torturas sufrió un principio de gastritis, tiene amenorrea y pesadillas», describe la Fiscalía.

Otro de los presuntos torturados explicó que cuando estaba detenido le golpearon, le esposaron, le encapucharon y le aplicaron una picana eléctrica estando esposado de piernas y manos, aplicándole descargas eléctricas estando mojado. Según su relato, el reclamado estaba presente en esas sesiones y asesoraba a los autores materiales.

Un afectado por las supuestas torturas que habría sido sometido al conocido como «submarino seco» –una capucha de plástico apretada al cuello–también señaló al reclamado. Otra torturada, por su parte, describió cómo fue torturada delante se su esposo y cómo se utilizó su embarazo como elemento de coacción psicológica.

La Fiscalía explica que los hechos constituyen, según la legislación de Uruguay, un delito de lesa humanidad, un delito de abuso de autoridad contra los detenidos, un delito de lesiones graves y un delito de privación de libertad.