ÁNGEL ZAFRA
La asociación judicial considera que los vocales que discrepan del acuerdo «pretenden destruir todo lo avanzado, aunque ello acarree que quienes acuden a los tribunales padezcan los perjuicios que una huelga hubiera generado”
El integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achutegui, ha declarado que el acuerdo que las asociaciones judiciales ha alcanzado con el gobierno en materia de retribuciones, «es un primer paso para avanzar en la mejora de la administración de justicia, por lo que sería deseable que algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no lo torpedearan”.
Según este portavoz de JJpD, “el servicio público que constituye la administración de justicia se ha zafado de una huelga de la judicatura, a cambio de mejoras que han sido fruto de un largo esfuerzo y el consenso de la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales”. A su entender, “aunque el acuerdo no sea óptimo, supone la aplicación, por vez primera, de una ley que regula esta materia que llevaba veinte años sin resultados”.
Rodríguez Achutegui considera que “el proceso de negociación no se ha cerrado, porque se pactaron grupos de trabajo y una comisión de seguimiento anual, para obtener mejoras que faciliten avances en materias como guardias, trienios, retribuciones variables o complementos específicos”.
Dice este representante de JJpD “haber arrancado esa continuidad, igual que haber incrementado de 200 a 300 plazas este año 2023 y otro tanto en 2024”, supone “un avance sin precedentes en la negociación de las condiciones profesionales en que la judicatura realiza su importante labor”.
Vocales de CGPJ contrarios a los avances
Edmundo Rodríguez criticó la actuación de varios vocales del CGPJ, que “aunque no representen a la judicatura, debieran desistir de su intento de anular esos acuerdos y avances, que suponen una mejora para la carrera judicial y para la sociedad”.
Si se hubieran atendido las pretensiones de tales vocales, manifestó el representante de JJpD, “ahora estaríamos con una huelga que supondría la suspensión de procedimientos y juicios, con grave daño a la sociedad y los profesionales del derecho”.
El magistrado añadió que “los vocales del CGPJ, que están en funciones y con su mandato caducado, tienen la obligación de actuar con responsabilidad institucional”, lo que a su juicio “debiera determinarles a no criticar acuerdos adoptados mayoritariamente, que han evitado un serio perjuicio a la administración de justicia.
Según JJpD el pleno del CGPJ del pasado jueves 25 de mayo «ha evitado confrontar directamente a ese órgano agonizante —Consejo General del Poder Judicial— con la mayoría de la carrera judicial”.
Por ello Rodríguez terminó solicitando a esos vocales que “si no dimiten, al menos traten de mantener una actitud decorosa, respetando un pacto que va a suponer la mejora de las condiciones profesionales de toda la carrera judicial, abriendo una esperanza de futuro y continuidad que hasta la fecha no tiene precedentes«, según ha informado la propia asociación en un comunicado.
