Desde el miércoles 26 de octubre se han contabilizado 3 agresiones graves en los centros penitenciarios españoles con el resultado de nueve funcionarios con lesiones de distinta consideración.
Nos encontramos ante una nueva semana negra en las prisiones españolas. Al menos nueve trabajadores penitenciarios han resultado lesionados en tres incidentes producidos, dos en la prisión de Huelva y otro en la de Logroño.
El primer caso se producía el miércoles por la mañana en la prisión de Huelva, cuando un interno se niega a realizar las actividades regimentales previstas, poniéndose agresivo y atacando a los funcionarios, con el resultado de cuatro trabajadores heridos que tuvieron que acudir a urgencias hospitalarias.
Los otros dos incidentes tienen lugar en la tarde de ayer, uno en la prisión de Logroño en el que un interno con posible patología psiquiátrica, atacó a un trabajador en un módulo de los denominados “de respeto”. Se da la circunstancia de que los funcionarios ya habían advertido de que el interno no presentaba el perfil para este módulo y que debía ser trasladado a la enfermería donde podría tener su medicación más controlada.
El tercer incidente vuelve a producirse en la prisión de Huelva, y de nuevo en el módulo de aislamiento en el que otros 4 trabajadores resultaron lesionados por un interno de extrema peligrosidad.
Desde ACAIP-UGT queremos mostrar nuestra preocupación por la escalada de agresiones que se producen en los centros penitenciarios y por la gravedad de las mismas. De Hecho, el 25 de julio este sindicato retiró su firma del protocolo de agresiones en instituciones penitenciaras precisamente por su ineficacia.
Los trabajadores penitenciarios se enfrentan día a día a situaciones muy complejas sin los medios humanos necesarios. En estos momentos hay cerca de 3000 vacantes en el sistema, situación que tiende a empeorar ya que las nuevas plazas convocadas apenas cubren las bajas vegetativas. Circunstancia agravada por el déficit de médicos que supera el 60% y por el tratamiento de las patologías mentales en prisión, donde el 30% de los internos tienen algún tipo de medicación psicotrópica. Además, es preciso una modernización de los medios materiales, una adecuación de la relación de puestos de trabajo en los centros y el reconocimiento económico de los trabajadores penitenciarios, junto a la consideración de agentes de autoridad al colectivo. No puede retrasarse más tiempo una modernización de la institución, el buen funcionamiento del sistema penitenciario redunda en la seguridad y en la capacidad de reinserción de los internos donde los funcionarios son parte esencial.
Precisamente, en marzo pasado el Congreso de los Diputados aprobó reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una histórica reivindicación del colectivo. A través de esta Proposición de Ley se pretende declarar a los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad, de forma que se pueda dar seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitar que se dicten decisiones judiciales dispares.
