El Sindicato Unificado de Policía se querellará por malversación y prevaricación si se concede escolta a Puigdemont en Bélgica

Afirma que el expresidente de la Generalitat es «un prófugo mientras la ley de amnistía no entre en vigor» y que dicha medida supondría un «desvío de dinero público injustificable»

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este miércoles que se querellará por delitos de malversación y prevaricación administrativa contra quien autorice la protección de escolta en Bélgica al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Afirma que es «un prófugo mientras la ley de amnistía no entre en vigor» y que dicha medida supondría un «desvío de dinero público injustificable».

El sindicato recuerda a víctimas mortales de la banda terrorista ETA como Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco, puesto que fueron «asesinados sin proporcionales una escolta policial».

Por ese motivo, el SUP se niega a ofrecer escolta a «aquel que busca como único fin humillar y someter a las instituciones del Estado», en referencia a Puigdemont.

Las posturas de la Generalitat y del Gobierno

La Generalitat se posiciona a favor de dar esta protección. El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, reclama actuar «con la máxima urgencia» mediante una carta remitida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Antes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había dicho que sería estudiada por el departamento de Grande-Marlaska. Fuentes de esta administración afirman que esta ha consultado a la Abogacía del Estado «antes de realizar ningún trámite ni valoración» sobre la cuestión.

En 2018, el Ministerio del Interior se negó a que Puigdemont tuviera escolta. Con previa consulta a la Abogacía, se remitió a la orden nacional de detención en vigor contra el líder de Junts.

Por otra parte, según el departamento de Grande-Marlaska, la Generalitat tiene que decidir sobre si concede escolta de los Mossos d’Esquadra. Pero recuerda que la legislación limita a priori este tipo de protección fuera de España. Y que, en el caso de Bélgica, tiene que ser este país el que autorice la presencia de policías provistos con armas reglamentarias.

Elena ha explicado que, «esta vez sí, el Gobierno tramitará la petición de protección por parte de los Mossos d’Esquadra al president Puigdemont». «Esto supone un cambio relevante respecto a la posición mantenida en los últimos años. En este sentido, solicitamos nuevamente y, con carácter de urgencia, dicho servicio en Bélgica», exige el conseller de Interior de la Generalitat.