Icono del sitio FUENTES INFORMADAS

El Senado no descarta celebrar un Pleno en la última semana del año para aprobar la reforma del Código Penal

Senado

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el segundo 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. | Fuente: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Hay dos fechas posibles: por un lado, los días 27 y 28 de diciembre; y, por otro lado, los días 20 y 21 de diciembre

La Mesa del Senado ha dejado abierta la puerta a habilitar un Pleno extraordinario durante la última semana del año para poder abordar la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, para que finalmente quede aprobada de manera definitiva antes de que finalice 2022, como pretende el Gobierno.

Así lo ha comunicado la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de la Cámara, donde ha admitido que se ha abordado este martes la situación de la tramitación de la reforma del Código Penal.

De este modo, el Senado no descarta habilitar una sesión plenaria los días 27 y 28 de diciembre para la derogación del delito de sedición pueda quedar aprobada definitivamente antes de final de año. También cabe la posibilidad, según ha dicho Narbona, de que este asunto vaya a la sesión plenaria del 20 y 21 de diciembre, donde se abordarán los Presupuestos para 2023.

En cualquier caso, la vicepresidenta primera de la institución ha precisado que aún no se puede definir la fecha concreta porque dependerá de su trámite en el Congreso. Precisamente, la derogación del delito de sedición pasará su primer examen este mismo jueves en la Cámara Baja.

La reforma de la sedición y la eventual modificación de la malversación

Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que modificaría el delito de sedición por el que el Tribunal Suprmeo condenó a los líderes del procés por otro de desórdenes públicos agravados. El actual delito está penado actualmente para autoridades públicas con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Con la nueva propuesta, que tiene otra denominación, se pasaría a penas de prisión de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.

La pretensión del Gobierno es registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar el Código Penal que, cuando sortee las enmiendas que podría proponer Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en lo relativo al delito de malversación, llegaría a la Comisión de Justicia del Congreso.

Durante el trámite se podrían introducir modificaciones que diferirían del texto original redactado por el Ejecutivo. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se ha aventurado a confirmar definitivamente la reforma de la malversación. Ello pese a que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se refirió a que su intención era aplicar medidas “quirúrgicas” tras, según él, haber negociado con el Gobierno.

Respecto a la malversación de caudales públicos, ERC quiere que también se rebajen las penas en ese ilícito penal que también formó parte de la condena en forma de concurso medial. Es decir, la malversación estaba vinculada a la sedición para llegar a consumar ese fin.

Salir de la versión móvil