Hoy: 23 de noviembre de 2024
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicita al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la futura ley de amnistía. “Esa medida supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España”, afirman.
Estos ocho vocales del sector conservador añaden que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el procés, el Estado de derecho “pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
Temen que la amnistía afecte tanto a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 y a otros anteriores relacionados con delitos de corrupción. Y señalan que viola los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Fundamental para que en España “prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial”.
A juicio de estos vocales, la amnistía atenta contra la independencia de los tribunales y contra el principio de seguridad jurídica en España. “Supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos”. Y contraviene “no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución”, concluyen.
Los consejeros convocantes de la declaración son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. El PP los nombró a todos ellos como vocales del CGPJ. Y para que su declaración institucional quede aprobada necesitan el voto positivo de un miembro más de este organismo. Algo que, por el momento, parece muy improbable.