La ex de John ‘Dedo de Oro’, vinculado al ‘robo del siglo’, pierde su pleito contra el Gobierno español

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Sede de Scotland Yard, donde estuvo detenido Dedo de Oro
Sede de Scotland Yard en Londres.

Christina Ketley (la pareja de Jonh Goldfinger, Dedo de Oro, como bautizó Scotland Yard a quien en su día consideró el ideólogo del robo del siglo cometido en 1983 en el aeropuerto londinense de Heathrow, un asalto con armas que se saldó con un botín de tres toneladas de oro en lingotes, 30 millones de euros de la época) ha perdido la batalla que entabló contra la justicia española para que el Estado le pague 307.000 euros por el deterioro del Jaguar y el Ford Cobra que, entre otros bienes, les embargó el juez Baltasar Garzón. El embargo se produjo en el marco de un fraude inmobiliario internacional cometido en el sur de Tenerife, donde la pareja se refugió huyendo supuestamente de la policía británica.

Pero Garzón no se los embargó por el robo del siglo, sino por la denominada estafa del timesharing (uso de apartamentos compartidos por turnos en vacaciones), que dejó en Tenerife, en los años ochenta, decenas de damnificados de distintos países. Jonh Valmer, el nombre real de Dedo de Oro, y su pareja Christina Ketley, se escondieron en 1985 en Tenerife. Y en ese anonimato estuvieron hasta que cayeron en las redes de Garzón y la prensa inglesa divulgó con todo tipo de detalles la operación del que durante varios se convirtió en uno de los hombres más buscado del Reino Unido. Jonh Dedo de Oro siempre negó su participación en los hechos y volvió a su país, donde al final quedó libre por falta de pruebas.

Su libertad duró poco: lo mataron en su domicilio de Inglaterra apenas once días después de que en Madrid la fiscalía anunciase que le pedía 15 años de cárcel por la citada estafa de Tenerife. Su muerte fue muy extraña. Inicialmente se creyó que era natural, pero luego se descubrió la causa real: en su pecho había dos agujeros casi imperceptibles perforados por sendas balas de pequeñísimo tamaño y calibre. Nunca se supo quien lo mató.

Delitos prescritos

Once años después de que Garzón iniciase el proceso, y coincidiendo con el final del juicio que se celebró contra la banda tinerfeña de Dedo de Oro en la Audiencia Nacional, la fiscalía acabó retirándole los cargos a Ketley, mano derecha de su marido en los negocios inmobiliaros. Pero no por falta de pruebas ni porque los hechos no fueran delictivos, sino por prescripción del delito. Se enfrentaba a varios años de cárcel. Una vez exonerada de responsabilidad, Christina Ketley se afanó en recuperar el Jaguar y el Ford Cobra que les había embargado Garzón. Y entabló un pleito con el Estado español.  Cuando fue a recoger los coches, estos estaban muy deteriorados y con destrozos.

Sostuvo que la justicia había actuado mal en su caso porque, según ella, la habían tenido imputada durante 11 años y que el fiscal se negó una y otra vez a aceptar que los delitos estaban prescritos. Y que, durante ese tiempo, se la privó del uso de ambos coches, que, señaló, eran suyos porque se los había regalado su difunto marido. “175.000 libras cuesta arreglarlos”, expuso en su demanda contra el Estado español, que interpuso hace dos años y que está en manos del Ministerio de Justicia. También se quejó de largas demoras en su proceso.

Ella siempre se sintió inocente: “El procedimiento se debió únicamente a que yo era economista de profesión, y que, de la pareja, yo era la que tenía entonces solvencia económica. Y, aun así, se procedió al embargo de todos mi bienes en Reino Unido y otros países”. Lo cuenta así: “En el inicio de la causa, año 2002, se intervinieron en uno de los complejos turísticos de Arona, dos vehículos de mi propiedad: un Jaguar y un Ford Cobra. En el año 2005 el Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) los quiso vender como residuos sólidos porque no habían tenido el más mínimo cuidado en el presunto depósito judicial.

Tras innumerables solicitudes, los vehículos fueron depositados por la Policía Municipal de Adeje en un garaje de Island Villague, pero precintados, es decir, tapados como llegaron y sin que se pudieran mover para arreglarlos”. Y continúa: “(…) el fiscal solicitó la subasta de los dos vehículos, que habían sido intervenidos en el año 2002 y entregados en depósito mucho tiempo después: estuvieron a la intemperie y estaban deteriorados”.

Subasta de los coches

Ella se opuso a la subasta, sin éxito. Y justo cuando esta se iba a celebrar, “el juicio por el procedimiento de Tenerife estaba terminando y el fiscal le retiró la acusación. Aun así y con la acusación ya retirada», añade, «el juzgado volvió a acordar la subasta que, obviamente, fue dejada sin efecto en el último momento”.

Relata Christina Ketley que los vehículos eran “de alto valor económico y sentimental”, y que se los había «regalado su marido antes de su muerte». “Se trata de coches de colección y solo la reparación, que incluye el traslado a Reino Unido, asciende a 175.000 libras”. “De haberse podido reparar y trasladar antes”, señala, “la reparación no habría sido tan cara, pero dadas las especiales características del pleito y sobre todo la inquina del fiscal no lo permitieron”. Refiere que fueron “11 años de angustia de quien no había delinquido, durante los que estuve sometida a la pena de banquillo y con un amplio seguimiento mediático de la causa, que llegó hasta Inglaterra y me amargó la vida durante 11 años”, relata en su demanda contra España.

Los vehículos, en estado lamentable, se los llevó finalmente. El Poder Judicial, que ha estudiado este caso, señala en un informe que no ha habido ninguna negligencia con los coches. Y lo explica así en un informe: “La reclamante solicita indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia derivado del perjuicio irrogado por la incautación de dos vehículos de su propiedad, en concreto, un Ford de color rojo matrícula Q 13 D RFB, y un Jaguar con matrícula WFO 623; ambos vehículos fueron intervenidos por la Policía el día 12 de junio de 2002, en el marco de las DP 176/00, y puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional”.  Indica el Poder Judicial que el 28 de abril de 2008, “la representación procesal de la reclamante manifestó que se estaba produciendo un daño innecesario e irreversible [a los coches], sin beneficio para parte alguna». Y pidió, sin éxito, que se los devolvieran. No lo consiguió.

Christina Ketley mantiene en su escrito contra España que los daños en los turismos se produjeron como consecuencia de permanecer “a la intemperie” y a la falta de mantenimiento”. Pero el Poder Judicial no lo ve así: “La permanencia de los vehículos intervenidos en un depósito municipal a la intemperie no supone, en absoluto, incumplimiento del deber de custodia [que corresponde al Estado], como tampoco lo es la falta de mantenimiento”. Y lo atribuye al “natural paso del tiempo”. El Poder Judicial le reprocha que no haya aportado “reportaje fotográfico, ni acta notarial ni documento de tipo alguno que permita apreciar o conocer el estado de los vehículos en el momento en el que fueron entregados” al depósito municipal.

No hay responsabilidad

Añade el Poder Judicial que “el primer documento que hace referencia a desperfectos en los referidos vehículos -un mero presupuesto de reparación- está fechado en enero de 2020, esto es, más de trece años después de haber sido entregados en depósito a la persona designada por la reclamante”.  Antes de ser llevados al depósito municipal, una amiga del clan de Dedo de Oro se comprometió a tenerlos en un garaje suyo pero a disposición de la justicia.

El órgano de gobierno de los jueces alude a un acuerdo de su Comisión de Estudios del 16 de febrero de 2012, que establece ante este tipo de situaciones: “En los daños sufridos por vehículos intervenidos judicialmente, con ocasión de su depósito en dependencias de las Administraciones públicas, no se apreciará responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios inherentes a la privación del uso y disfrute del bien, ni por los deterioros y menoscabos inherentes a la estadía del vehículo”.

Y zanja el Poder Judicial: “En el caso que nos ocupa, no cabe concluir la existencia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, ya que ni se ha justificado la real existencia de los daños que alega Ketley, ni que éstos -caso de existir- se hayan producido encontrándose los turismos en el depósito del Ayuntamiento de Arona y no durante el período en el que permanecieron en depósito bajo custodia de la persona designada por la reclamante; y, aunque así hubiera sido, el mero hecho de no mantenerlos en un depósito cubierto y no realizar labores de mantenimiento y/o no dispensarle concretos cuidados, no puede considerarse anormal funcionamiento de la Administración de Justicia por incumplimiento del deber de custodia o conservación”.

Es decir, que no le corresponde ninguna indemnización a la pareja del famoso John Dedo de Oro, el londinense de 34 años al que la policía vinculó con el robo del siglo de Londres. No obstante, la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia.

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