Hoy: 14 de diciembre de 2024
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, encara esta semana su quinto juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Acusado, esta vez, en el denominado ‘caso mafia policial’ por, presuntamente, haber accedido “en varias ocasiones” en 2014 a “informaciones confidenciales procedentes de bases de datos policiales”. La Fiscalía pide para él nueve años y nueve meses de cárcel.
El juicio se iniciará mañana y se espera que se extienda hasta el 13 de febrero. La Fiscalía le atribuye un presunto delito de integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.
Este será el quinto juicio al que se enfrente el joven, que ya ha sido condenado en otras tres causas y absuelto en una. En total, Nicolás Martínez Iglesias ya acumula 8 años y 2 meses de prisión en condenas. Aunque, de momento, ninguna es firme, a la espera lo recursos correspondientes.
En el caso también están procesados los policías municipales: Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos. Y reclama 2 años y 8 meses de cárcel para el guardia civil, Francisco Javier Sánchez López. También dirige acusación contra el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, a quien reclama una multa de 4.500 euros por un presunto delito de violación de secretos.
Según la investigación llevada a cabo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, el modus operandi “siempre fue el mismo”: Gómez Iglesias facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación.
“Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas“, señaló el juez cuando les procesó.
La Fiscalía sostiene que los datos relativos a las matrículas eran utilizados en algunos casos por El Pequeño Nicolás para contactar con los titulares de las placas, “a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia“.
El Ministerio Público asegura que, a cambio de la información, los dos funcionarios de la Policía Municipal de Madrid que se sentarán en el banquillo obtenían gratificaciones económicas.
Según el relato recogido en el escrito de acusación, los dos policías municipales y Gómez Iglesias llegaron a crear un grupo de WhatsApp llamado “Dpto. Seguridad Nacional”, a través del cual concretaban cuándo se repartían el dinero por su colaboración.
La Fiscalía indica que llegaron a consultar varias placas de matrículas de automóviles que en la mayor parte de los casos resultaron ser propiedad de empresarios. En su escrito de acusación, asegura, además, que paralelamente El Pequeño Nicolás contactó con un guardia civil, también acusado, que también accedió a facilitar la identidad del titular del vehículo con la matrícula que le había facilitado.
El fiscal asegura que Gómez Iglesias pidió información por WhatsApp al entonces coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, contra quien también se dirige acusación. El hombre avisó a Francisco Nicolás que la matrícula por la que le preguntaba no correspondía a ningún vehículo del Ayuntamiento.