El juez Adolfo Carretero admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Luis Medina y su socio por estafa en contratos de emergencias

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina Abascal -hijo menor de Naty Abascal y el ya fallecido duque de Feria- y Alberto Javier Luceño Cerón por presuntamente cobrar comisiones millonarias en la compra de material sanitario para la ciudad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, según Confilegal.

La Fiscalía los acusa de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.

En próximas fechas, el magistrado tomará declaración a los querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos, entre otras diligencias, que no son secretas.

El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.

El alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, anunció ayer que el Consistorio se personaría en la causa como perjudicado con el objetivo de «ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero».

Según relata la Fiscalía, Alberto Luceño y Luis Medina, «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».

Señala que Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», un extremo que ayer negó la alcaldía.

El representante del Ministerio Público expone que se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones. Apunta que esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Según explica, desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

Asimismo, añade, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. «En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», destaca la Fiscalía.

TRES CONTRATOS

El Ministerio Público expone que conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -como compradora- y la compañía malaya EEE -como vendedora para adquirir material sanitario-.

Según explica, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total -915.000 euros-). «De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares -2.460.647,16 euros- y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto», argumenta.

En el caso de los guantes de nitrilo, señala que Alberto Luceño había asegurado al cargo del Ayuntamiento que se trataba de «guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo». Sin embargo, afirma, los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran guantes de «ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca».

La Fiscalía sostiene que también en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados, por la que se obtendrían 4 millones de dólares en comisiones (el 426% del precio real del producto), y a las que los querellados renunciaron para «intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid», visto el fracaso de la operación y ante las quejas de la mala calidad de los guantes.

Además, afirma que en la misma línea, se pactaron comisiones de unos dos millones de dólares por la compra de test rápidos, pero «la mayoría de las pruebas que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosas».

Precisa que de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7%, por lo que la persona del Ayuntamiento contactó con Alberto Luceño para que al menos ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado por dicho lote.

«Alberto Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test. Sin embargo, no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test», relata el Ministerio Público.

LAS OPERACIONES COSTARON 10,8 MILLONES AL AYUNTAMIENTO

La Fiscalía explica que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas».

También, según el Ministerio Fiscal, recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».

Además, recibió 250.000 test Covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%), según manifiesta.

«Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares -4,6 millones de euros-, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal», asegura la Fiscalía.

Según apunta, con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros. El dinero también se destinó, según detalla, a la compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros).

Con excepción del Aston Martin, «estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario, señala.

Asimismo, afirma que pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros, y se gastó otro millón de euros en la compra de más vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera.