El Gobierno cierra 2024 sin cumplir mandatos del Congreso sobre el Sáhara, Venezuela o auditorías del ‘caso Koldo’

Las aduanas de Ceuta y Melilla permanecen cerradas a pesar de la orden parlamentaria que exigía su reapertura en un plazo de 90 días

El Gobierno cerrará 2024 sin cumplir muchas de las iniciativas aprobadas por la oposición en el Congreso, que incluían medidas sobre Venezuela, el Sáhara Occidental y auditorías sobre contratos vinculados a la conocida como trama Koldo. Estas propuestas, impulsadas sin el apoyo del PSOE, no han sido implementadas a pesar de su aprobación en la Cámara.

En el caso de Venezuela, las medidas de respaldo a la oposición, como el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como «legítimo ganador» de las elecciones o la solicitud de una orden de arresto contra Nicolás Maduro, han sido ignoradas por el Ejecutivo, según denuncias de la oposición.

En relación con el Sáhara Occidental, el Congreso instó al Gobierno en junio a retomar la postura tradicional de neutralidad activa, pero el presidente Sánchez sigue respaldando el plan de autonomía de Marruecos. Asimismo, las aduanas de Ceuta y Melilla permanecen cerradas a pesar del mandato parlamentario que exigía su reapertura en un plazo de 90 días.

‘Caso Koldo’

En cuanto a los contratos de la trama Koldo, no se han realizado las auditorías requeridas ni se han emprendido investigaciones en los ministerios afectados, a pesar de las irregularidades señaladas.

Respecto a las ausencias de los ministros en sesiones de control, el Congreso aprobó una iniciativa para exigir una justificación más rigurosa de estas ausencias y garantizar el cumplimiento de los mandatos de la Cámara, pero tampoco se ha llevado a cabo.

En el ámbito económico, el Gobierno no ha aplicado medidas como la deflactación del IRPF para mitigar los efectos de la inflación ni ha atendido la petición de exenciones fiscales para menores de 34 años al inicio de su vida laboral. Tampoco se ha restablecido la indemnización por retrasos del AVE ni se ha eliminado el peaje de la AP-9, tal como solicitó el Congreso.

Por último, el decreto 933/2021, conocido como Gran Hermano Turístico, entró en vigor a pesar de que el Congreso pidió su suspensión en septiembre, mostrando una vez más la desconexión entre las decisiones del Ejecutivo y los mandatos de la Cámara.