Los últimos días de 2025 encuentran a Chiapas sumido en una crisis múltiple marcada por la violencia del crimen organizado, el aumento de desapariciones y desplazamientos forzados, así como por una alerta sanitaria por sarampión que ha obligado a restringir eventos masivos en decenas de municipios. Este escenario refleja la profundización de la narcoviolencia en el estado, especialmente en los últimos cuatro años.
La escalada delictiva está vinculada a la disputa entre grupos criminales por rutas de tráfico y control territorial en esta entidad fronteriza. Aunque el fortalecimiento del poder del narco se consolidó durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadena, exmandatario de Morena, la llegada de su sucesor, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, no ha logrado revertir la situación de inseguridad.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en el municipio de Villaflores, en la región Frailesca, donde aparecieron narcomantas atribuidas al Cártel de Sinaloa con amenazas dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación y a un grupo identificado como Cártel Chiapas y Guatemala. Los mensajes fueron colocados en espacios públicos y en las inmediaciones del penal estatal El Amate, lo que provocó un despliegue de fuerzas federales y estatales.
Las mantas contenían mensajes explícitos de control territorial. En una de ellas se leía: “Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos culones. Atte CDS”, en referencia a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias El Señor de los Caballos, señalado como fundador del Cártel Chiapas y Guatemala. Otra advertía: “El Amate tiene dueño, así lloren los Valdovinos. Y vamos por ustedes. Atte CDS”.
Ante este contexto de violencia, diversas voces de la sociedad civil han alzado la voz. Desde Chicomuselo, en la región Sierra Mariscal, el llamado Pueblo Creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, emitió un pronunciamiento público fechado el 21 de diciembre.
“Nos preocupa: La oleada de violencia que se ha visibilizado en estas últimas semanas en la región fronteriza con enfrentamientos entre carteles que se siguen disputando el territorio y donde los pueblos (de Chiapas) vivimos en la zozobra y la preocupación de lo que pueda volver a suceder en nuestros pueblos donde ya hemos vivido secuestrados, desplazados y asesinatos de nuestra gente”, se lee en el comunicado.
El desplazamiento forzado interno provocado por la violencia del crimen organizado ha vuelto a colocar a Chiapas en el centro de una grave emergencia humanitaria. La intensificación de los enfrentamientos armados y el control territorial de grupos delictivos han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares para salvaguardar su vida.
El informe Travesías Forzadas: desplazamiento interno en México 2024, elaborado por la Universidad Iberoamericana, documenta 28.900 personas desplazadas en el país durante 2024, de las cuales el 61,8% se concentran en Chiapas. El estudio identifica como principales causas los ataques armados, el uso de drones con explosivos, así como prácticas criminales como extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y amenazas, acompañadas de un fuerte aumento de las desapariciones.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2020 y 2024 los casos en Chiapas crecieron de 65 a 503, y en 2025 se mantiene un registro de 1.777 personas desaparecidas o no localizadas. La violencia se ha extendido más allá de la franja fronteriza, afectando regiones como la Metropolitana y Valles Zoque, donde se reportan decenas de desapariciones y una alta impunidad que obliga a las familias a asumir la búsqueda de sus seres queridos.
A esta crisis de seguridad se suma una emergencia sanitaria por un brote de sarampión. La Secretaría de Salud estatal exhortó a 124 municipios a restringir eventos masivos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 20 de marzo de 2026, tras confirmarse al menos 64 casos, concentrados principalmente en las regiones Metropolitana, Centro y Altos, incluyendo ciudades como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.