Hoy: 14 de noviembre de 2024
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este martes en el Consejo de Ministros que el fiscal jefe de la Fiscalía Técnica del Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, reemplazará en la cúspide de la Fiscalía General a Dolores Delgado, quien ha presentado su dimisión esta mañana. Desde Moncloa han afirmado que el cese no guarda relación con la reciente polémica sobre la renovación del Poder Judicial.
“El PP no tiene intención de renovarlo ni de cumplir con la Constitución”, desoyendo las recomendaciones de la Comisión Europea, que solicitan cambios profundos en el sistema. “Están haciendo oposición a los ciudadanos, no al Gobierno”, lo que, además de bloquear el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también entorpece la tramitación del informe de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al “no moverse en el marco del Estado de Derecho”, ha sentenciado la ministra.
Sobre la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional ha aclarado que “no es Poder Judicial, sino político” “No tiene nada que ver”, ha recalcado. “El Ejecutivo no tiene ninguna influencia sobre el Poder Judicial”.
Llop ha reiterado que la renuncia se debe “exclusivamente a razones de salud”. “Tiene la espalda muy afectada después de una operación muy complicada”, ha explicado. “Los médicos le han recomendado tranquilidad y le han advertido de que su salud está en riesgo”. Ha puesto énfasis en que la renuncia se produce por “petición propia” y ha afirmado que se trata de un “ejercicio de responsabilidad” por parte de Delgado.
El sustituto será el fiscal jefe de la Fiscalía Técnica del Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, después de que el ministerio “haya aprobado su candidatura” para optar al puesto, un especialista en medio ambiente con una dilatada trayectoria en los tribunales que “tiene muy claros los horizontes”, ha aseverado la ministra.
Además, también ha comunicado que se dará luz verde al Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital. La iniciativa tratará de “construir la justicia del futuro” mediante la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal con el Tribunal Supremo. Esta transformación es “necesaria para la reactivación económica” e incluye la inmediación digital, es decir, la posibilidad de celebración de vistas judiciales telemáticas y la “carpeta justicia”, para “facilitar la identificación fiscal a través de los teléfonos móviles” y “eliminar cualquier tipo de brecha generacional” en todo el territorio.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, también ha intervenido en el Consejo de Ministros. Ha comenzado reiterando el pésame por los fallecidos por los incendios que han asolado España los últimos días, ha expresado su agradecimiento a la Unidad de Servicios de Emergencias (UME). “Es necesario actuar, reformular los medios y actualizar los protocolos” en materia de extinción del fuego. “Los incendios no delimitan los territorios por Comunidades Autónomas”, ha remarcado. “No se paran, sino que se producen de forma simultánea” en diversos puntos, por lo que es necesario “acelerar las estrategias de prevención”.
Sobre la muerte de un barrendero en Madrid a causa de la ola de calor ha asegurado que “el Gobierno actuará con contundencia a través de la Inspección de Trabajo” y ha instado a las empresas a “la revisión de la normativa de prevención de riesgos laborales”.
Posteriormente, ha anunciado la creación de una Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, que tendrá como objetivo la preservación del medio ambiente y la aprobación de medidas paliativas para hacer frente a la sequía y las inundaciones.
También se ha aprobado una propuesta de distribución territorial para las Comunidades Autónomas que buscará atender a las personas dependientes a través de “la reducción de las listas de espera, la mejora de la calidad del empleo y los servicios para las personas con discapacidad”.
El ministro De Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la importancia de los seguros agrarios, ha incentivado “la suscripción de seguros agrarios para el próximo 1 de septiembre” y ha proclamado la llegada de “una nueva y renovada Política Agrícola Común (PAC)”, una política que garantiza la “certidumbre” al destinar 4.800 millones de euros a la ayuda de agricultores y ganaderos.
Planas ha prometido “una modernización del medio natural” y una “preservación de la biodiversidad”, objetivos que se apoyarán con 7.200 millones de euros y con la aprobación de 18 reales decretos de cara a 2023. “El plan estratégico será un antes y un después”, ha sentenciado.