El fin de Muface, un tsunami que nos ahogaría a todos

El año nuevo ha amanecido con un problema serio: el futuro de la asistencia sanitaria para los funcionarios adscritos a Muface. Durante semanas Gobierno y compañías aseguradoras han sido incapaces de ponerse de acuerdo para encontrar una solución que garantice la continuidad de un servicio por el que reciben las prestaciones sanitarios 1,6 millones de funcionarios de la Administración general y sus familiares.

El problema es de dinero: las aseguradoras (DKV, Adeslas y Asisa) quieren más para mantener la cobertura y el Gobierno está dispuesto a pagar más, pero hasta un punto que entiende razonable. De hecho está dispuesto a ampliar el presupuesto un 33,5% por un plazo de tres años y pagar más por pacientes de mayor edad, pero la oferta no acaba de gustar a las aseguradoras, que dicen estar en números rojos por este servicio.

Y así llevan meses, un tiempo en el que han surgido dudas de si de verdad el Gobierno quiere que siga existiendo Muface por la idea de socios de Pedro Sánchez como la vicepresidenta Yolanda Díaz y su organización, Sumar, que desean cerrar lo que consideran un ‘chiringuito’, y dudas sobre si las compañías están echando un pulso al Gobierno para sacar todo lo posible y más sabiendo que no se puede cerrar ni prescindir de un día para otro un modelo que lleva en funcionamiento cincuenta años.

De las negociaciones ya se han retirado de la mesa Asisa y Adeslas y en las últimas horas del año DKV también se plantea hacerlo. En esta historia hay dos problemas de fondo, uno es qué pasa desde hoy mismo con las coberturas que recibían hasta ahora los funcionarios caso, por ejemplo, de tratamientos crónicos, y qué harán con sus problemas de salud mientras se resuelve el futuro de Muface. Otro problema, no menos importante, nos toca de lleno al conjunto de la población española: ¿qué pasa si finalmente no hay acuerdo y los casi dos millones de ‘asegurados’ en Muface pasan a la Seguridad Social?

La respuesta parece evidente y si eso sucede, y parece que puede suceder, el caos se cierne sobre una sanidad pública ya de por si saturada, con enormes listas de espera y con falta de miles de profesionales que huyen a otros países que los tratan mejor. Si no hay médicos ni enfermeros suficientes y las citas se dan ahora por días para Atención Primaria y por meses y meses para un especialista, ¿qué pasará si llegan de golpe otros dos millones de usuarios a los que atender?

Es un problema muy serio que exige soluciones urgentes y no se trata de algo puntual y ajenos a la mayoría de los ciudadanos que reciben ahora atención por la Seguridad Social. Estas son las cosas de las que debe ocuparse un Gobierno. El tsunami no puede ahogar a todos.