El exjefe policial de Coslada pide 700.000 euros al Estado por su “estancia injusta” en prisión y los 15 años de tardanza en su absolución

El exceso de celo de la fiscalía, primero contra Ginés (ya absuelto), y ahora contra el comisario Villarejo (lleva dos sentencias absolutorias) puede costar mucho dinero a los contribuyentes

700.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial pide al Estado Ginés Giménez, el exjefe de la Policía Local de Coslada (población de Madrid cercana a los 100.000 habitantes), tras 14 años encausado como supuesto cabecilla del llamado caso Coslada; más de un año preso, y luego absuelto de todos los cargos por la Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo. Y ello pese a los desesperados intentos de algunos fiscales por condenarle.

Miles de folios judiciales para un juicio, el de Ginés Giménez, que duró más de tres meses, con los gastos que ello ha generado. 700.000 euros que, si finalmente se le conceden, saldrán del erario público.

Del caso que afecta al exjefe policial de Coslada, siempre me llamó la atención la consigna no escrita de la Fiscalía de Madrid de “ir a por él”. Si le estimaban algún escrito, recurriéndolo, si le absolvían, apelando. En el caso Coslada hubo casi 30 detenidos, casi todos policías locales, y siete terminaron en la cárcel.

Luego les fueron absolviendo paulatinamente a todos ellos sin oposición de los fiscales, salvo en el caso de Ginés, que recurrieron su absolución por dos veces al Supremo, sin éxito. Le imputaron siete u ocho delitos y le pidieron tropecientos años de cárcel. La Audiencia de Madrid desbarató toda la operación policial y fiscal y lo absolvió de la retahíla de delitos.

El caso Villarejo

En el caso que afecta al comisario José Manuel Villarejo también se aprecia obstinación de la Fiscalía Anticorrupción contra él. No parece limpio, en términos jurídicos, el origen legal de este asunto. La teoría jurídica del fruto del árbol envenenado gravita sobre él. Lo que cuenta el fiscal Ignacio Stampa (apartado de esta investigación) en el magnífico serial/documental de Álvaro de Cozar (El País de los demonios), en el que Stampa denuncia una conspiración del sistema contra él y se viste de d’Artagnan, rezuma inquina hacia el reo.

Y las inquinas, ya ha habido dos sentencias absolutorias (aunque Villarejo está pendiente ahora de una sentencia de la Audiencia Nacional), al final las paga el ciudadano.

Nadie ha reclamado explicaciones a los fiscales que, por ejemplo, pidieron al juez prisión para el exbanquero Mario Conde por supuestamente traer dinero desde distintos países a España. En la voluminosa querella que propició el envío a prisión de Conde se dio por hecho, sin más, de que ese dinero era de procedencia ilícita y que formaba parte de los millones que Conde había detraído del extinto Banesto que él presidió.

Tres meses estuvo preso el exbanquero hasta que demostró que ese dinero era de una actividad muy anterior a su llegada a Banesto. Uno de los fiscales que lleva ahora el caso Villarejo, Miguel Serrano, que regresa a Canarias y deja Anticorrupción, es el mismo que intervino en el caso Conde. Y el mismo que, sin ninguna prueba, por pura y equívoca intuición, ha dedicado en dos ocasiones cinco o seis folios de un informe oficial para denostar a este periódico. Soltando que el comisario Villarejo está detrás de la creación de Fuentes Informadas. Y lo suelta tal cual, sin ningún rigor, y no pasa nada. Ya dijimos que eso era totalmente mentira.

Decía un magistrado con más leyes que él en la cabeza, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe introducir asuntos en una causa que nada aporten. Y por mucho que estire el chicle el fiscal Serrano nunca podrá acreditar lo inacreditable, que Villarejo nada tiene que ver con la creación de este medio, al igual que el dinero que trajo Conde del extranjero tampoco nada tenía que ver con Banesto. Era de la venta de un laboratorio clínico.

Antes de pedir prisión o poner una querella, el fiscal debió cerciorarse, puesto que no es una parte más del proceso, sino su garante. Porque resulta que Mario Conde es otro de los que han reclamado ahora al Estado que le indemnice por los tres meses que estuvo entre rejas sin haber cometido ningún delito. La causa se archivó cuando el juez comprobó que el dinero, tal como sostuvo Conde y en contra de lo que decía el fiscal, no era de Banesto.

Con este tipo de fiscales hay que tener cuidado (conozco muchos y grandes profesionales del ministerio público; los dos jefes de Anticorrupción, Luzón y Romeral, lo son). Hay que tener cuidado porque utilizan escritos oficiales para estigmatizar a los periodistas que no les hacen la sopa boba ni siguen al dictado sus escritos. Que le pregunten a María Montero, del periódico digital Confilegal, la que destapó el caso que contribuyó a la salida de Stampa de Anticorrupción. Tanto a ella como a quien suscribe esta información nos han sacado en escritos oficiales conversaciones profesionales con fuentes de información. Un atentado al secreto profesional sin precedentes.

La fiscalía se puso a investigarla, quizá molesta con sus informaciones sobre Stampa, y en casi todos sus escritos oficiales divulgan largas conversaciones de ella con una persona del entorno de Villarejo. También lo han hecho con quien suscribe esta información. ¡¡¡Lo que faltaba en este país, que se grabe a periodistas en el ejercicio de su labor (un periodista puede hablar con quien considere en busca de información). Difundir conversaciones que nada aportan a una investigación vulnera el secreto profesional y es casi delictivo.

El fiasco de Coslada

El exjefe policial de Coslada reclama ahora, decíamos, 700.000 euros. Han pasado muchos años desde que la UDYCO lo hiciera protagonista de uno de los mayores despliegues mediáticos de la reciente democracia. La policía, interesada en buscar presión mediática para meter en la cárcel a Ginés, avisó a casi todos los medios de la redada que iba a desarrollar en Coslada contra el entonces oficial jefe y otros veintitantos agentes. Aunque la diana era Ginés.

Años después, todos están absueltos. Y muchos de ellos, los encarcelados, también reclaman ahora cientos de miles de euros al Estado por el exceso policial y de la fiscalía. Hay que ser cautos con las obstinaciones. La fiscalía debe ser neutral. Su obligación no es solo acusar, también le compete la defensa del reo cuando no hay pruebas. Pero si quien aporta las pruebas cojas es la propia fiscalía, mal va el reo. Que le pregunten al exbanquero Mario Conde.

‘El País de los demonios‘

Es preocupante escuchar al fiscal Stampa decir que su principal inquietud en la causa contra Villarejo era la denuncia anónima inicial. Esta denuncia fue pergueñada con la connivencia de fiscales, guardias civiles de la UCO, Asuntos Internos de la Policía y el propio CNI.

El entonces jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, odiaba a Villarejo, y este a él. Y buscó a un exagente de la Casa para que convenciese a un empresario y que este denunciase al comisario por blanqueo de capitales. La finalidad real era quitarle los audios que el comisario tenía en su casa, y, para ello, encausarlo y meterle preso. Y eso se hizo.

Pero como el empresario se negó a denunciar, los agentes fueron, tiempo después de iniciarse la investigación, a su casa, en la calle de Arturo Soria. Necesitaban convencerle de que pusiera formalmente una denuncia, y avalar así la anónima que impulsó el exagente del CNI David Rodríguez Vidal contra el comisario. Nunca antes había aceptado sin más Anticorrupción una denuncia anónima.

He dicho más de una vez que si el comisario jubilado ha actuado mal, que caiga sobre él el peso de la justicia, pero eso sí, mediante el respeto escrupuloso al Estado de Derecho.

En derecho no cabe forzar a nadie a poner una denuncia. Ni es usual que los agentes, asesorados y azuzados por el CNI, que se buscó un testaferro de los suyos para la operación, Rodríguez Vidal, se monten su propia historia para encarcelar a alguien que odian y desean apartar de la circulación para de esta forma hacerse con las muy sensibles grabaciones que tenía en su casa; entre ellas, las de Corinna, de importantes políticos y empresarios… Puede ser reprochable, pero no es ilegal grabar una conversación en la que uno es parte.

Ni tampoco es usual que agentes policiales vayan a la casa de alguien a disuadirle para que denuncie algo que, por las razones que sea, no ha querido judicializar ni denunciar; y todo con la finalidad de envolver de una aparente legalidad el inicio de una causa destinada a agachar, como sucedió con Ginés, a Villarejo.

El fiscal Stampa

Stampa deja entrever en el citado serial de Álvaro de Cozar su preocupación por el comienzo de las pesquisas contra el comisario. Era consciente de que no fue muy católica la forma en que se hizo y que ello podía generar problemas de nulidad de actuaciones.

Pero se vio de pronto, cuando el exfiscal jefe Moix le encargó la causa a él y a Miguel Serrano, como una suerte de llanero solitario, un David frente a Goliat.. y un salto inevitable al estrellato mediático… Se ve encantado de sí mismo cuando Moix le hace el encargo, a un joven fiscal recién llegado de una pequeña fiscalía de Tenerife, de un asunto de semejante calibre, la investigación a Villarejo. Lo describe él mismo en el documental.

Villarejo ha sido absuelto del caso del Pequeño Nicolás, la matriz del resto de investigaciones. La cuestión es que la Audiencia de Madrid, con tres magistrados, no solo le ha absuelto, también señala que los inicios de esa causa están viciados, y que todo lo resultante de ella, también. Los jueces se han cargado la causa del pequeño Nicolás porque los investigadores policiales, según se desprende de la sentencia, antepusieron los fines a los medios para conseguir sus objetivos. Y eso solo sirve en los estados bananeros, no en España.

Un tribunal de la Audiencia Nacional, también tres magistrados, misma categoría, tienen que decidir si ven los mismos vicios detectados por sus colegas de la Audiencia de Madrid en el caso Villarejo. Aunque no son los mismos hechos, sí lo son sus mimbres. No resultará fácil argumentar determinadas decisiones policiales sobre Villarejo.

Medallas rojas pensionadas por una operación inútil

Como imposible, y sonrojante, deviene ahora argumentar las medallas rojas, es decir, pensionadas con aumentos de sueldo de por vida, que recibieron tras el caso Coslada los cuatro jefes policiales que pusieron en marcha la operación contra el exoficial jefe Ginés Giménez.

A quien por cierto, tras la absolución de la Audiencia, el Ayuntamiento debe abonar ahora los salarios que dejó de pagarle tras su detención y encarcelamiento, bastantes miles de euros, que se unen a los 700.000 que demanda por los daños morales y el encarcelamiento que sufrió, y por los 14 años de proceso judicial que lo han tenido apartado del cuerpo y al que no puede volver porque ya se ha jubilado.

Por eso decía al principio que los fiscales deben ser neutrales y garantes del proceso y no dejarse llevar por sus pasiones. Las impericias o excesos de dudoso celo luego nos toca pagarlas a todos.

Y otro día hablaremos de los pinchazos telefónicos ilegales del CNI.