El Defensor del Pueblo exige al Ayuntamiento de Madrid medidas contra los ruidos de las terrazas ante la queja de los vecinos

El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid para interesarse por las medidas previstas en la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración para tratar de minimizar las molestias que ocasiona el incremento de terrazas de bares y restaurantes en la vía pública.

Tras la aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza, el pasado 1 de febrero, el Defensor quiere conocer el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas previstas en la misma para garantizar el descanso de los vecinos, ya que la institución sigue recibiendo quejas de vecinos y asociaciones.

Con motivo de la pandemia se flexibilizó la normativa para la colocación de terrazas en la vía pública, incrementándose el número de éstas. Esto fue objeto de numerosas quejas de vecinos y asociaciones por el ruido y molestias causadas.

La Institución ya inició, el verano pasado, una actuación de oficio con el Consistorio madrileño. En su informe de respuesta, el Ayuntamiento aludió al inicio de la tramitación de una ordenanza para modificar la normativa existente y dar una solución al problema.

En opinión del dicho Organismo, el mayor o menor éxito de las medidas adoptadas va a depender, de que el Ayuntamiento “habilite suficientes medios de control de los límites de la actividad en las terrazas”, para garantizar los derechos de los vecinos al descanso.

Para el organismo que dirige Angel Gabilondo, es esencial que el Ayuntamiento vigile “que no se superan los valores límite de ruido, que se cumplen los horarios de apertura y cierre, que se respeta el aforo máximo de sillas y mesas permitido y que se eviten las aglomeraciones en el entorno de las terrazas”.

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Consistorio madrileño una valoración de los resultados obtenidos en los primeros meses de aplicación de la nueva Ordenanza. Así, la institución se ha interesado por el plan de inspecciones para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza, por los medios personales y materiales con los que cuenta y por el número de denuncias registradas por ruido y otras molestias desde la entrada en vigor de la nueva norma.