La reunión se celebrará el próximo martes 12 de julio en el Congreso de los Diputados después de siete años inoperante
La próxima semana tendrá lugar en el Pleno del Congreso el Debate del Estado de la Nación, el primero desde 2015. En él se darán cita todos los grupos parlamentarios, que intervendrán de mayor a menor para discutir una reforma exprés del Poder Judicial y la Ley de Memoria.
El debate se produce en medio de un creciente clima de tensión entre los partidos del Ejecutivo auspiciado por la polémica en torno al aumento del presupuesto en Defensa anunciado por Sánchez en la cumbre de la OTAN.
No obstante, según fuentes próximas a Moncloa, el PSOE “se ha asegurado” el apoyo de Unidas Podemos para aprobar la reforma del Poder Judicial, que afectaría al artículo 570 bis, según el cual, durante el vacío provocado por la designación de nuevos vocales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) limitará sus funciones a tan solo quince atribuciones que, en su mayoría, engloban aspectos elementales, como la participación en la selección de jueces y magistrados, la publicación de sentencias o la potestad reglamentaria en ciertos ámbitos.
Por otro parte, la nueva Ley de Memoria Democrática sustituiría a la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y abarcaría aspectos como la búsqueda y exhumación de desaparecidos como responsabilidad del Estado, la creación de un Banco de ADN o la retirada de títulos nobiliarios otorgados por Franco.
El primero en siete años
El Debate sobre el Estado de la Nación es una reunión convocada por el Congreso de los Diputados para abordar cuestiones políticas generales impulsadas por el Gobierno, como la economía, el empleo o las pensiones. La tendencia habitual dicta que ha de celebrarse una vez al año, aunque en España lleva siete años sin reunirse.
En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy organizó un debate sobre el Estado de la Nación con objeto de tratar posibles iniciativas para paliar una crisis cada vez más acuciante. Su liderazgo fue puesto en tela de juicio y la oposición le recriminó su indiferencia con respecto a las políticas en contra de la desigualdad y vilipendió los escándalos de corrupción que se habían producido en el seno del Partido Popular.