Hoy: 23 de noviembre de 2024
El Tribunal Constitucional ha ratificado la ley del aborto por una mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra a la ley del aborto promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, según ha informado la corte de garantías. El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley de plazos hace casi 13 años después.
La mayoría progresista del Pleno ha concluido este jueves la deliberación de la ponencia presentada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo -propuesto por el propio PP- sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
La ponencia no ha obtenido el apoyo del Colegio de Magistrados, por lo que el magistrado Arnaldo ha declinado la redacción de una nueva sentencia de acuerdo con los argumentos de la mayoría.
Según fuentes consultadas por este periódico digital, el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha designado como ponente a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, para que proceda a elaborar una nueva resolución, que desestime el recurso de inconstitucionalidad. El nuevo proyecto de fallo no tiene un plazo fijo pero se espera que este llegue a la mayor brevedad posible. Presumiblemente, antes de que acabe febrero.
La decisión de desplazar a Arnaldo como ponente buscaba que se avalase la norma dado que el propio magistrado, conforme apuntan fuentes jurídicas, proponía en su borrador de sentencia respaldar prácticamente toda la ley, salvo el artículo 17 por considerar que la forma de informar a la mujer -mediante un sobre cerrado- no garantiza suficientemente que dé un consentimiento informado a la interrupción voluntaria del embarazo ya que, a su juicio, esta debía ser únicamente verbal. Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó esa perspectiva al considerarla contraproducente e innecesaria
Ello ha sido posible gracias a la nueva mayoría progresista a raíz de los nuevos nombramientos efectuados por el Gobierno -el exministro socialista Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez- y el Consejo General del Poder Judicial -María Luisa Segoviano y César Tolosa-.
Ahora, Montalbán tendrá que redactar una nueva ponencia que recoja el sentir mayoritario del Constitucional, expresado a lo largo del miércoles y el jueves. Una vez elaborada, tendrá que debatirse de nuevo en Pleno, por lo que este cambio de ponente supone postergar el fallo.
Se trata del cuarto ponente del recurso del PP contra la ley del aborto. Elisa Pérez Vera fue la primera encargada de estudiar la impugnación a fondo, después pasó a Andrés Ollero y finalmente a Arnaldo, que ahora cede el testigo a Montalbán.
El recurso del PP llegó al Pleno de esta semana como parte del plan ideado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para desatascar el tribunal empezando por los asuntos más antiguos. El debate sobre el fondo no empezó hasta el ecuador del cónclave, porque la primera parte se dedicó a ventilar las recusaciones y la abstención suscitadas.
Así, el martes, durante la primera sesión del Pleno, los magistrados rechazaron la decisión voluntaria de Concepción Espejel de apartarse de estas deliberaciones porque era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el órgano de gobierno de los jueces informó el anteproyecto sobre la ley del aborto.
El Pleno impidió que Espejel se abstuviera al entender que expresó su criterio jurídico sobre este tema “hace más de 12 años” en un informe “fallido” del CGPJ porque no llegó a elevarse al Gobierno.
Ya en la sesión del miércoles, el Pleno frenó las recusaciones lanzadas por cinco de los 71 diputados del PP que firmaron el recurso contra Conde-Pumpido, Montalbán, Espejel y Campo.
Señalaban a Conde-Pumpido porque era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley; a Montalbán y Espejel porque eran vocales del CGPJ que informó igualmente el borrador; y a Campo porque fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011.
El Pleno directamente inadmitió el escrito de estos 5 exdiputados populares, incluido el exministro Federico Trillo, al estimar que ellos solos no tienen capacidad para actuar en nombre de los 71 recurrentes originales.
De haber prosperado estas recusaciones, el Constitucional se habría quedado sin los magistrados necesarios -al menos ocho, de los 11 que son actualmente- para resolver el recurso.