¿¡Qué viene Llarena!?

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado votar, como pedía la presidenta Isabel Perelló y la derecha, por los candidatos Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para presidir la Sala Penal y la de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. ¿Mantendrán su oposición en una nueva y última votación?

En lo que llamamos el Estado Judicial Español (EJE), dos salas del Tribunal Supremo, la Sala Segunda (la que instruye los casos de aforados, como, ahora mismo, el ex ministro y diputado José Luis Ábalos, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, para citar dos ejemplos), y la Sala Tercera (la que controla los actos del Gobierno) están con presidentes en funciones.

La negativa del anterior presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que permaneció como magistrado, pero rechazó en diciembre pasado seguir como presidente en funciones hasta la elección de su sucesor -un proceso habitual- ha dejado la sala con el presidente en funciones del magistrado más antiguo en el cargo: Andrés Martínez Arrieta. En la Sala Tercera, el magistrado Pablo Lucas Murillo, lleva casi tres años y medio como presidente en funciones, desde su nombramiento el 31 de diciembre de 2022.

Ni Martínez Arrieta (Logroño, 1955) ni Lucas Murillo (Salamanca, 1954) podrán cumplir el mandato de cinco años por el cual se eligen a los magistrados que ocupan las presidencias de las citadas salas. Martínez Arrieta cumplirá 72 años el 13 de abril de 2027, por lo que le quedan menos de dos años para acogerse a su jubilación; Lucas Murillo hará los 72 años el 13 de julio de 2026, es decir, le quedan un año y algo más de dos meses.

Por tanto, sería hora, tras la inestabilidad crítica de estos años en el Poder Judicial, aprovechar la oportunidad para respaldar la estabilidad mínima que supone cumplir con el mandato preceptivo de cinco años. Además, existen circunstancias sobrevenidas que obligarían al Tribunal Supremo a adaptarse a los tiempos.

Nos referimos a la ley de paridad de 1 de agosto de 2024 que obliga a respetar la equidad de género en políticas, empresas y administradores.
Sería incomprensible que precisamente una ley que coincide con la renovación de un CGPJ después de soportar una caducidad inaudita de casi seis años y medio (desde diciembre de 2018) rechace aplicar en la elección para las presidencias de estas dos salas del Supremo esa nueva ley.

Aunque el tema de la paridad fue planteado hace meses por los vocales del sector progresista (son 10), a lo que se opone el sector conservador (son 10), lo cierto es que esa reivindicación parece haber desdibujado. No para el sector progresista, cuyo programa mínimo es que una de las dos salas sea ocupada por una mujer.

Sus candidatas para la Sala Segunda y Tercera son las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente. Ferrer (Madrid, 1959) es la primera mujer que se incorporó al Tribunal Supremo, a través de la Sala Segunda, en abril de 1984, hace 43 años. Teso (Madrid, 1960) entró en la Sala Tercera en 2008. El sector progresista plantea en la negociación con el sector conservador nombrar a su candidata para en cualquiera de las dos salas. No plantea preferencia por una de las dos.

Pero la derecha judicial no quiere ver ni en pintura a Ana Ferrer. Ya bloqueó su nombramiento cuando fue candidata a presidir el CGPJ en junio de 2024. Y su veto para ella se ha trasladado a que presida la Sala Segunda.

En el Supremo se ha instalado, de hecho, una palanca de ascenso o retroceso muy particular, y es, valga la redundancia, la palanca del voto particular, o discrepante.

Y ahora mismo, Ferrer es objeto de una campaña contra su personalidad por haber presentado un voto particular contra el criterio de sus pares del extribunal del procés de rechazar aplicarle la ley de amnistía a los dirigentes independentistas que fueron condenados por el delito de malversación.

“Queríamos tanto a Ana” se dice en ciertos círculos. Y la presidenta del Supremo y del CGPJ, Perelló, que exhibe tener amistad con Ferrer ahora para justificar la necesidad de votar por Martínez Arrieta -que esta semana fracasó- precisamente se escuda: “Es que no la quieren en la Sala Segunda”. Y en lo que se refiere a Teso, en este caso, la presidenta Perelló sostiene que debería pasar por encima de su cadáver, no sin una pizca de humor, para nombrarla.

¿Pues entonces dónde estamos?
Perelló apostó, sin éxito, por impulsar lo que se ha presentado ante el sector progresista como el mal menor este pasado miércoles, es decir, el tándem Martínez Arrieta-Lucas.

¿Por qué mal menor?

Porque la derecha, que se compone de siete u ocho vocales afiliados a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -una razón por la que siempre es pertinente preguntarse quién manda más entre sus filas, si el Partido Popular o la APM- de mantenerse el bloque en la nueva y última votación prevista -sin fecha todavía-para antes de que decaiga el concurso-podría optar por presentar otros candidatos. Uno de ellos podría ser Pablo Llarena, expresidente de la APM.

Llarena es presentado cómo el lobo que viene. Es difícil que cuente con los 13 votos necesarios y, además, parte con desventaja. Porque su esposa, la magistrada Gema Espinosa, es vocal del CGPJ; por tanto, se abstendría y no contaría con diez votos sino con nueve. Llarena necesitaría cuatro votos progresistas.

El sector progresista debe evaluar si prefiere seguir con los presidentes en funciones, nombrarles ya que sus candidatos no saldrán y entonces dar la batalla en la Sala Tercera en abril de 2026 y en la Sala Segunda en julio de 2027.