El Congreso debate la ley que prohíbe a universidades pagar a empresas para que alumnos hagan prácticas

27 de mayo de 2025
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Varios estudiantes repasan antes de que comience un examen de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en el exterior del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.| Fuente: Eduardo Parra / EP

El texto exige que no debe haber ninguna transacción económica entre el centro de origen y el de destino

El Congreso de los Diputados debatirá una propuesta del PSOE para cambiar la Ley del Sistema Universitario. El objetivo es regular las prácticas externas de los estudiantes universitarios y asegurar que todos tengan las mismas oportunidades para realizarlas.

El texto registrado por el PSOE en la Cámara Baja, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que las prácticas externas de carácter curricular no deben conllevar, en el momento de su acuerdo, ninguna transacción económica entre el centro de origen y el de destino, ya sea en forma de precio o de donación.

La medida persigue, según explican los socialistas, que “la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior no pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario”.

Acceso igualitario

Del mismo modo, la iniciativa busca “salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas”.

El planteamiento cuenta con antecedentes normativos en el ámbito de la Formación Profesional. Actualmente, la legislación establece que “no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”.

Con esta propuesta, el PSOE busca trasladar ese mismo principio al sistema universitario. De aprobarse, permitirá que universidades y centros autorizados, tanto públicos como privados, suscriban acuerdos con empresas e instituciones —ya sean nacionales o extranjeras— que garanticen el acceso efectivo y sin discriminación económica a las prácticas académicas externas por parte de todo el estudiantado universitario.

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