El Congreso aprueba la reforma de la nueva ley de Ciencia

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Ciencia, ante el rechazo de la cámara a la enmienda impulsada por el PP que pretendía seguir por la senda de la temporalidad en la ciencia española. Tal y como recoge el texto aprobado, se limitará la creación de contratos temporales de investigación solo a aquellos asociados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y únicamente por el tiempo estrictamente necesario para la ejecución de esos proyectos.

Previamente, la medida propuesta por el PP contaba en el Senado con el apoyo de otros partidos políticos como ERC, Junts, PNV, UPN y Vox. Sin embargo, horas antes del inicio de la votación en el Congreso. el Gobierno llegó a un acuerdo con ERC para cambiar su voto. Las medidas pactadas entre los socios de Gobierno implicaban un aumento de los costes indirectos desde el 21% actual al 25% en las convocatorias de proyectos de investigación que gestionan la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III, organismos dependientes del Ministerio, en consonancia con el nivel de costes indirectos que permiten las convocatorias competitivas del Programa Marco de Investigación la Unión Europea.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, destacaba como «hecho histórico» la aprobación de la reforma de la Ley, alabando las garantías y derechos que amparan bajo esta a los investigadores en España. Según Morant, la Ley constituye «un paso adelante que da este país para ser un buen país para la ciencia», después de que «los investigadores hayan sufrido las recetas del PP», resumidas en «austeridad y recortes».

Esta reforma asegura una financiación pública de la I+D estable y creciente, pudiendo alcanzar un objetivo del 1,25% del PIB en 2030 -y el 3% junto a la inversión privada-, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.

No obstante, las universidades y ciertos centros de investigación alegan que van a contratar a menos investigadores de entrar en vigor la nueva Ley. Incluso, temen tener que asumir las indemnizaciones, si los contratos llegan a su fin, ya que no podrán asumir los costes.

Sin duda, se trata de una nueva etapa para la ciencia en nuestro país, y como es de esperar ante los grandes cambios, aún no se sabrá con certeza hasta dentro de un tiempo si ha mejorado o no la vida laboral de los investigadores en España.