Hoy: 15 de octubre de 2024
El Pleno del Congreso prevé aprobar este jueves la creación de una nueva comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de la tercera reunión de estas características convocada por la Cámara Baja y en ella se pondrá sobre la mesa el entramado de corrupción estatal conocido como ‘Operación Cataluña’, que tenía como objetivo frenar el avance del independentismo, entonces incipiente.
A finales del pasado mes de junio, la prensa andorrana reveló que tanto Rajoy, como Fernández Díaz y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro habían sido situados bajo la lupa de la justicia por sus presuntos intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de líderes separatistas.
Algunas formaciones como ERC, Junts, PdeCat, la CUP, Bildu y el BNG solicitaron en aquel momento que se investigase “la presunta intromisión en la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada ‘Operación Cataluña’.
La “intromisión” a la que hacen referencia hinca sus raíces en una serie de audios difundidos por FUENTES INFORMADAS que destapaban conversaciones entre el comisario retirado, José Manuel Villarejo y el ‘número dos’ del Ministerio del Interior de Fernández Díaz, Francisco Martínez. En las grabaciones, el excomisario revelaba que la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que en los próximos días podría ser imputada por el juez García-Castellón le había asegurado que “hablaría con Jorgito {Fernández Díaz}” y que este “le había garantizado la pasta”.
Este extracto podría constituir indicio suficiente para demostrar la financiación desde el aparato estatal del seguimiento ilegal de algunos líderes independentistas, como los expresidents Jordi Pujol y Artur Mas.
En concreto, es el primero de ellos quien guarda una presunta relación con Andorra. La brigada patriótica comenzó en 2015 una serie de indagaciones a través de las cloacas del Estado que le llevaron a concluir que la familia Pujol ocultaba una suma millonaria en la Banca Privada de Andorra (BPA). El exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, confirmó haber realizado dichos seguimientos, que en cualquier caso habrían sido alentados desde el Gobierno.