Directivos de la BPA denuncian la “pasividad” de Protección de Datos con “el espionaje ilegal” de Pegasus

Los signatarios instan a la agencia andorrana a que requiera a la Agencia Española de Protección de Datos “todo lo que conste en sus archivos y registros relativos a Pegasus”

El expresidente de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y exconsejero del Banco de Madrid, Higini Cierco Noguer; el exconsejero delegado de la BPA y Banco de Madrid, Joan Pau Miquel Prats; el exdirector financiero de la BPA, Santiago de Rosselló Piera; y el antiguo subdirector general de misma entidad financiera, Joan Cejudo Peña denuncian “la actitud sospechosamente pasiva” de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España Martí, con el espionaje ilegal mediante el software israelí Pegasus que se efectuó contra ellos en el marco de las extorsiones que realizó la denominada policía patriótica, una brigada política que durante la primera legislatura de Mariano Rajoy habría operado supuestamente contra rivales del PP. En un requerimiento del pasado 7 de septiembre a la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA) al que ha accedido en exclusiva FUENTES INFORMADAS, los firmantes solicitan que se requiera a la AEPD “todo lo que conste en sus archivos y registros relativos a Pegasus”.

Tal y como publicó El Periódico de España el pasado 26 de abril -una información de la que los signatarios se hacen eco en el citado documento- Matian Caspy, un intermediario de la empresa israelí NSO Group, propietaria de Pegasus, suministró al Ministerio del Interior correspondiente al Gobierno de Rajoy un sistema que posibilitaba acceder a teléfonos móviles sin dejar rastro alguno. Según esa información, el empresario israelí acordó con la cúpula policial la entrega de ese material en un hotel de Barcelona, conforme atestigua la documentación adjuntada en una denuncia que presentó el antiguo jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Ello habría facilitado que ese monitoreo se hubiera producido.

En el requerimiento, se hace referencia a que “los hechos, con datos precisos y un documento muy relevante, tienen que ser objeto de un expediente, o ampliación del E/06068/2019 que se inició por denuncia ante la AEPD, interpuesta por la Asociación para la Prevención y el Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con fecha 19.5.2019, del que reiteramos y nos adherimos en todo el que ya APEDANICA ha manifestado que tiene que constar a la AEPD”.

Sin embargo, lo que más les preocupa a los presuntamente espiados de forma ilícita es que “tan gravísimos hechos” no “hayan sido objeto de alguna actuación judicial o administrativa”. Por ese motivo, tienen “la peor opinión sobre la actitud sospechosamente pasiva de la directora de la AEPD en relación con las denuncias por espionajes ilegales hechas por APEDANICA que atentan contra derechos fundamentales”.

“Las víctimas merecen toda protección. Los espías con ánimo de lucro personal, ninguno”

De este modo, añaden que habría que garantizar los derechos “no solo de los que utilizan un teléfono ilegalmente intervenido, sino también de los que se comuniquen con alguno de ellos e incluso de los que sean mencionados por los espiados”. Así, aseguran que “todos los números de teléfonos intervenidos por el sistema Pegasus son victimas indemnizables, como también lo son los que se hayan relacionado con estas víctimas, o fueron aludidos”.

Los firmantes aluden a que están informados de que “APEDANICA está sopesando varias acciones directas contra todos los que resulten responsables de acciones, omisiones o disfunciones“. Máxime, aducen que les consta que esta asociación “advirtió a la todavía directora de la AEPD, Mar España Martí, que tomará nota de rectificaciones pero que denunciará a quienes pretendan censurar hechos y datos de responsables de Pegasus, así como de todo el mundo que haya obtenido algún beneficio, por indirecto que sea, de algún espionaje”. Su razonamiento es que “las víctimas merecen toda protección. Los espías con ánimo de lucro personal, ninguno”.

En sintonía con las denuncias que ha realizado APEDANICA, afirman que el 19 de mayo de 2019 la misma asociación “se dirigió a la Agencia Española de Protección de Dato denunciando el spyware Pegasus de NSO Group”. También solicitó que, “cuanto antes mejor, la AEPD abriera un expediente para requerir información precisa, completa, detallada y actualizada, al responsable legal de ‘WhatsApp’, que entendían que era ‘Facebook’, trasladando todo lo que fuera relevante para los afectados con especial interés en aquello que posibilitara ejercer acciones legal contra empresa de ciberseguridad israelí NSO Group”. De ello se infiere que las comunicaciones interceptadas también afectaron a los perfiles que los afectados tenían en la aplicación de mensajería ‘WhatsApp’.

Finalmente, emplazan al organismo andorrano a que, por un lado, “requiera todo lo que conste en sus archivos y registros relativos a Pegasus (sobre todo respecto de personas físicas y jurídicas relacionadas con Andorra)”. Por otro lado, invitan a “solicitar a la autoridad de control de Irlanda todo aquello que pueda ser relevante, proponiendo y estableciendo un protocolo que asegure que la Agencia Española de Protección de Datos ofrezca a las autoridades andorranas tanta información como tengan las autoridades irlandesas sobre el espionaje con el sistema Pegasus” en el principado. Para ello, adjuntan una serie de reclamaciones que ha realizado APEDANICA a varias instituciones y entidades en lo relativo al uso del software de espionaje israelí.

Las cartas entre el intermediario de Pegasus y Eugenio Pino que demostrarían el espionaje ilegal

En la noticia que publicó el medio citado anteriormente, consta una misiva de invitación con fecha del 31 de junio de 2014 que envió el empresario israelí y propietario de entidad Rayzone Group, Matian Caspy, al entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, con el objetivo de establecer una reunión a efectos de hacer “una prueba de campo” aparejada de “una demostración en vivo de un sistema GSM pasivo táctico”. La entrega de ese sistema de espionaje, que para dar más certidumbre estuvo acompañado con anterioridad de una demostración en vivo en las reuniones que se mantuvieron, iba a efectuarse en un hotel de Barcelona y debía ser introducido por el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El propio Eugenio Pino se encuentra encausado en la Audiencia Nacional a cuenta de ser presuntamente uno de los cerebros del espionaje y seguimiento que realizaron las cloacas del Estado, con conocimiento de Interior, en 2013 al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En ese momento, Bárcenas amagó con salpicar a la cúpula del PP de Rajoy en relación con la trama ‘Gürtel’ y de ahí la intención de Interior -al servicio del PP en ese momento- de procurar que no salieran a la luz esas corruptelas por las que finalmente el partido fue condenado hasta en tres ocasiones. Es lo que se conoce como la ‘Operación Kitchen’, en la que, por cierto, este martes el juez instructor de la AN ha desestimado imputar a la que exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras los audios desvelados por FUENTES INFORMADAS. No obstante, ha acordado crear una nueva pieza separada para incorporar las informaciones publicadas en medios de comunicación que guardan relación con la macrocausa ‘Tándem’

Así las cosas, el asunto de la entrega del material destinado a espiar no se queda ahí y según apunta la mencionada información que bebe de otra publicada en Israel, en un país que no se especifica “este informático [Matian Caspy] y su empresa Rayzone logró cobrar un 60% de la comisión por una venta del sistema de espionaje, en la que también habría participado un empresario al que se vincula con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump”. Por tanto, sería posible que hubiera sucedido lo mismo en el caso español: además de operar presuntamente al margen de la ley, se dieron comisiones en la venta del sistema de espionaje.