La Fiscalía abre diligencias sobre la ‘Operación Cataluña’ por detectar «delitos»

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Fiscalía de Barcelona
Sede de la Fiscalía de Cataluña en Barcelona | Fuente: ÁlexHinojo, vía Wikimedia Commons

Los jueces se apoyan en la denuncia interpuesta por el ex jefe de la Policía de Cataluña, Nacho Ortega, para estudiar la presunta violencia ejercida por la policía patriótica durante la presidencia de Mariano Rajoy

Según informan fuentes del diario Elmon.cat, la Fiscalía de Barcelona ha anunciado este jueves la puesta en marcha de pesquisas sobre la Operación Cataluña -el entramado policial presuntamente auspiciado desde el Gobierno para frenar el auge del independentismo catalán-.

FUENTES INFORMADAS publicó a finales del pasado mes de julio, junto al diario El País, varios audios que contenían extractos de conversaciones mantenidas entre el ex comisario José Manuel Villarejo y el entonces secretario de Estado del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, en las que quedó demostrado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy habría patrocinado una suerte de redada contra el independentismo catalán a manos de la policía patriótica -un grupo de profesionales presuntamente destinado a luchar contra rivales políticos-.

Además de Martínez, habrían estado involucrados en la operación el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la ex secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Martín Blas, entre otros.

La apertura de diligencias se sustenta sobre una denuncia interpuesta por el exjefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, Narciso Ortega, con motivo de los audios antes mencionados. Según el decreto de incoación y traslado de diligencias, la fiscal superior de Barcelona, Concepció Talón, considera que los hechos denunciados por el comisario Ortega «podrían ser constitutivos de delito», aunque entiende que la competencia territorial corresponde a la Fiscalía de Madrid, a quien remite las diligencias.

El decreto expedido por la Fiscalía es del pasado 28 de julio pero no ha sido notificado al comisario hasta esta mañana. En él se denuncia a varios de los presuntos implicados, citados al principio de esta noticia, Cospedal, Villarejo, Fernández Díaz y Martínez. La denuncia aportaba las conversaciones entre el comisario, las anotaciones en sus agendas y los informes policiales de sus seguimientos. Estos últimos constataban que Ortega también había sido víctima de la policía patriótica, quien lo acusó de «ser independentista».

El decreto recoge brevemente los hechos descritos en la denuncia de Ortega. Así, indica que “mandos policiales, cargos públicos y dirigentes políticos formarían una estructura organizada, de carácter permanente y con reparto de funciones a fin y efecto de obtener información y/o confeccionar pruebas falsas para intimidar, perjudicar y/o desprestigiar personas próximas al movimiento independentista catalán”.

También hace constar la fiscal en su escrito que Ortega fue sometido a seguimiento y fue “trasladado de manera injusta” de su destino como hacia Cataluña a Terol, Aragón. En el mismo contexto, hace referencia a que estas actividades se habrían financiado con fondos públicos. Por todo ello, la fiscalía entiende que los hechos recogidos podrían ser “constitutivos de delitos”. En este caso, de prevaricación, revelación de secretos, malversación y organización criminal.

Con este relato de los hechos, la fiscal considera que hay bastante motivos para iniciar diligencias y se dan seis meses, prorrogables, para hacer la investigación. De este modo, el ministerio público se encomienda a practicar todas las diligencias que considera pertinentes y determinar la responsabilidad de los denunciados por Ortega.

Ahora bien, la fiscalía de Barcelona interpreta que los hechos denunciados se habrían producido a Madrid. De hecho, concluye que, de momento, salvo que las investigaciones no digan lo contrario, las decisiones y el planteamiento de la Operación Cataluña se habrían registrado en el partido judicial de la capital.

En concreto, la denuncia relata una conversación entre Villarejo y la exlíder del PP en Cataluña y actual senadora, Alicia Sánchez-Camacho, donde incorporan a Ortega a una “lista negra” de independentistas que había que vigilar. A pesar de que “no había la más mínima sospecha que hubiera realizado ningún hecho delictivo que justificara el inicio de una investigación judicial”. Es la segunda denuncia que se interpone a raíz de estas informaciones después de la registrada por el consejero de Economía, Jaume Giró, que ya ha sido remitida a la fiscalía del Tribunal Supremo .

El escrito dirigido a la fiscalía, que firma el abogado Jordi Pina, recuerda que el comisario Ortega fue nombrado jefe superior en Cataluña el 29 de julio de 2008, por orden del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue destituido el 17 de enero de 2012 por Fernández Díaz por, según la denuncia, “motivos puramente ideológicos y en el marco de asedio a todo el mundo que estuviera relacionado con el movimiento independentista”.

La BPA y Pablo Iglesias

Las indagaciones de Villarejo terminaron dando frutos. El financiero catalán Javier de la Rosa, reveló al ex comisario que la familia Pujol Ferrusola ocultaba dinero en Suiza con propósitos de evasión fiscal. Una investigación en profundidad acabó conduciendo a la Banca Privada de Andorra (BPA), donde entonces se creía que el ex presidente de la Generalitat escondía una suma millonaria.

Así lo corroboró Martín Blas, quien, en una breve conversación con Villarejo, admitió haber extorsionado a los dirigentes de la entidad bancaria, amenazándoles con intervenir la empresa si no destapaban las cuentas de los Pujol. Por este presunto chantaje serán llamados a testificar varios miembros del Gobierno popular de Mariano Rajoy.

Asimismo, la trama de la BPA se ha entremezclado con la de la presunta financiación ilegal de Podemos. Esta comenzó cuando Okdiario publicó un documento, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que defendía que que existieron presuntas irregularidades financieras durante la fundación del partido morado, todas ellas vinculadas al régimen chavista de Venezuela.

Tal y como ha corroborado este diario en exclusiva junto a El País, Cospedal habría colaborado estrechamente con Villarejo. En un audio de una conversación publicado el pasado 7 de julio, ambos tildaban de «mierda» las pesquisas del portal de Eduardo inda y aseguraban contar con el respaldo económico del Ejecutivo de Rajoy -principalmente de Fernández Díaz- para promover una investigación de mayor calado que sacara a relucir todos los trapos sucios de Podemos y sus dirigentes.

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