El colectivo de los sordos reivindica el reconocimiento de las lenguas de signos españolas

La Confederación Estatal de Personas Sordas exige que se apruebe el reglamento de la ley que las visibiliza y que facilita su difusión

Esta semana se ha celebrado el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Y con este motivo la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE) reivindica que se apruebe cuanto antes el reglamento de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. El adelantamiento electoral del 23-J ha impedido que el Gobierno pueda aprobarlo a tiempo. Al menos, de momento.

«El texto actualmente está en fase de aprobación previa de Hacienda. Falta la revisión por parte del Consejo de Estado y la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. Al tratarse de un Real Decreto, no precisa aprobación de las Cortes Generales», afirma el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

En España, ocho estatutos de autonomía hacen alusión a la lengua de signos, con el reconocimiento de su uso y aprendizaje. Actualmente, tanto la lengua de signos española como la lengua de signos catalana están reconocidas legalmente a través de la Ley 27/2007.

Además, la aprobación de la Ley 27/2007 fue un gran hito, ya que «estableció por primera vez en nuestro país el derecho a la libre opción de las personas sordas y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas», recuerda Suárez. Sin embargo, «en la práctica, no siempre sucede así», asegura.

Suárez subraya que las lenguas de signos cuentan con reconocimiento legal, pero sin protección constitucional. Es decir, el artículo 3 de la Carta Magna no las contempla como una lengua más.

Según él, el reglamento necesita desarrollarse en el mundo educativo, del ocio y de la cultura y de la salud. En el caso de este ámbito, para mejorar el acceso al 112 en lengua de signos y el servicio de interpretación en centros sanitarios.

La lucha por la aprobación del reglamento

«Gracias a la ingente labor de incidencia de la CNSE, el reglamento está incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, en el ámbito de competencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A estas alturas del año debería de estar aprobado y aplicándose, como otras normativas que han visto la luz en estos últimos meses», afirma Suárez.

Asimismo, el presidente de la CNSE destaca que la organización ha trabajado incansablemente «por un documento práctico, útil y garantista que sirve al propósito de dignificar las condiciones de vida y de ciudadanía de todas las personas sordas y sordociegas. Incluye medidas de protección de la lengua de signos como derecho lingüístico y asegura su presencia en todos los ámbitos fundamentales de nuestras vidas. Incrementa las condiciones de accesibilidad a la información y a la comunicación de más de un millón de personas en nuestro país. No puede quedarse en un cajón».

Avances trascendentales

A pesar de las carencias institucionales en las ayudas a las personas sordas, la Ley 27/2007 ha tenido un impacto indiscutible en la legislación posterior.

Por ejemplo, el reconocimiento de las lenguas de signos como vehículo de comunicación en las relaciones con las administraciones públicas. Algo que se ha materializado en la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, que obliga a facilitar intérpretes de lengua de signos.

Otra caso de éxito es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a todas las instituciones que intervienen en dichos procesos a facilitar la comunicación en lengua de signos.

A lo largo de estos 15 años, también se ha facilitado «el derecho de las víctimas sordas de violencias machistas a contar con intérpretes de lengua de signos y mediadoras especializadas en la atención a personas sordas durante todas las fases del proceso de salida de la violencia», señala Suárez. De hecho, así lo recoge el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Por otra parte, la Ley 27/2007 contempla la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE). «Un centro especialmente novedoso, fruto de una larga reivindicación histórica, y cuya actividad ha contribuido a arrojar luz sobre la creciente importancia de la lengua de signos en los últimos años y su necesidad de preservarla».