El caso del fiscal Emilio Valerio: de las ‘vendettas’ profesionales a la “voracidad fiscal”

Fuentes cercanas al fiscal Valerio consultadas por este periódico denuncian una supuesta campaña de desprestigio que se inició contra él tras ser acusado de cometer delitos fiscales en una empresa familiar de vinos. Tras años de sufrimiento familiar, la Audiencia de Navarra le ha absuelto de todo

La figura del que fuera fiscal de Medio Ambiente y teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio (1958, licenciado en Ciencias Matemáticas, doctor en Derecho y fiscal desde 1979) no pasa desapercibida: defendido por los ecologistas y muy censurado por alcaldes y constructores ávidos de enriquecerse o vulnerar la ley. Valerio ha sido profesor invitado en las universidades de Harvard Law School y Stanford, así como autor de varios libros de referencia en derecho del medio ambiente.

El 28 de diciembre del año pasado, la Audiencia de Navarra finalmente absolvió al ex teniente fiscal de la Comunidad de Madrid de un supuesto fraude a la Hacienda Pública en la gestión de una empresa familiar dedicada a vinos. Previamente apartado de su cargo por este motivo, antes de que se celebrase el juicio. La falta de pruebas sustanció la resolución del tribunal. Se le acusaba de poseer un entramado societario dedicado a las bodegas de vino, aceite y cerveza que había recibido de una herencia familiar, algo que la acusación apreciaba incompatible.

Asimismo, el Ministerio Fiscal realizó en el juicio la petición de casi 38 años de prisión y una multa de 4,5 millones de euros a causa de una supuesta falsificación de facturas con el objetivo de obtener la “devolución indebida” del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por medio de su conglomerado empresarial.

En una sentencia que avanzó el diario El País, los magistrados que juzgaron el caso rechazaron la acusación de la Fiscalía, que mantenía que los procesados se habían “lucrado” económicamente al obtener de forma ilegal grandes cuantías de dinero procedentes del IVA entre los años 2013 y 2016, momento en que Valerio era teniente fiscal en Madrid.

En la larga trayectoria de este fiscal, su expulsión de la carrera fiscal con la justificación en la gestión de sus propiedades familiares resultó polémica. Fuentes cercanas a su entorno consultadas por FUENTES INFORMADAS explican que esas propiedades son propiedad de la familia desde tiempo inmemorial. Desde ese punto de vista critican que “dado lo poco creíble de este razonamiento, por si fuera poco, en la alegación de un fraude fiscal en aquella gestión, chirriaba de una manera abrumadora”.

Presente como fiscal en el ‘caso Nani’ o ‘Gürtel’

Durante el tiempo que ejerció como fiscal -primero en el País Vasco- destacan casos como el del médico asesinado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en 1984, Santiago Brouard, primera punta de lanza contra estas agrupaciones parapoliciales.

Por otra parte, no hay que olvidar el polémico caso de Santiago Corella alias, El Nani, del que también se ocupó Emilio Valerio. La misteriosa desaparición de este delincuente el 13 de noviembre de 1983 sacudió a la opinión pública de ese entonces. Entró en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol y jamás se le volvió a ver. Su caso permitió destapar una mafia policial que se tomaba la justicia por su mano en los primeros años de la democracia y que acabaría en el banquillo.

Sin embargo, su papel más relevante fue al frente de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid durante 12 años. La preocupación por el medio ambiente y la salud de la tierra le condujeron en su vida privada a apostar por una agricultura ecológica, una empresa familiar sostenible y por un modelo que priorizara el desarrollo rural.

Reconocido defensor de la ecología, ha llevado a sus espaldas casos como la incineradora de Valdemingómez, el fraude en las gasolineras, los residuos radiactivos en ríos de Madrid, las afecciones a la salud o la obligacion del desmontaje de los cables de alta tensión. Ello le ha enemistado profundamente con algunas personas relacionadas con el mundo de la construcción dado que se ha encargado de denunciar la corrupción urbanística y de defender el medio ambiente en la región madrileña.

Así, se convirtió en el azote de numerosos alcaldes de la Comunidad de Madrid en la etapa previa a la crisis, donde la especulación estaba a la orden del día antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. Ha practicado decenas de intervenciones en los ayuntamientos y recalificaciones urbanísticas como los de los consistorios de Aranjuez, El Escorial, Miraflores de la Sierra, Ajalvir; e incluso el inicio del ‘caso Gürtel’, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular y liderada por Francisco Correa.

Su ámbito de actuación no se limitó al País Vasco y a Madrid. También tuvo un rol importante en el ‘caso Topillo’ de Murcia en el que se investigaba el robo del agua y la contaminación de los acuíferos que desaguan en el Mar Menor. Según fuentes jurídicas, a partir de ahí, fue un antes y un después en su carrera profesional y en sus consecuencias personales. “Es una verdadera lástima, pues 10 años después de sus advertencias, el Mar Menor muere inexorablemente con duros dictámenes de la Unión Europea contra el Estado español”, sentencia a ese respecto.

Su tortuoso camino hacia la absolución

Según afirman fuentes próximas a la Fiscalía madrileña, en un proceso que la mayoría de sus compañeros juzgan como insólito, pues en él se trató, de cómo “una trama condenada por delito urbanístico” consiguió “en un trabajo coordinado con el entonces inspector fiscal” su expulsión de la carrera fiscal, argumentando una fraudulenta gestión de la propiedad familiar centenaria por la que ahora ha sido absuelto.

“Entre tanto, otros fiscales con sociedades en paraísos fiscales, no se les practicó ninguna medida. A todas luces existía un tratamiento sospechoso e inexplicable”, comentan fuentes fiscales. De este modo, otras fuentes cercanas al propio Emilio Valerio manifiestan que el “ensañamiento” con su persona que no acabó ahí. No solo había que justificar su expulsión sino que también había que “hundirle y desprestigiarle por todos los medios posibles para que no pueda ni siquiera tener capacidad de respuesta”.

Es entonces cuando la Fiscalía asume las acusaciones de un ilícito urbanístico y de una persona que fue investigada por el propio Valerio en una denuncia del Seprona por delitos contra el medio ambiente, que finalmente fue declarada culpable. Se trata de un hombre que construyó un chalé en una zona no urbanizable. Tras dichas pesquisas en las que Valerio participó desde la Fiscalía, la vivienda tuvo que derribarse por orden judicial, por lo que esta persona le cogió ojeriza personal y trató de perjudicarle. “Sin investigación alguna, consigue que la inspección tributaria de la Hacienda Foral de Navarra dirigida en aquel asunto por la Fiscalía y a partir de las órdenes de la Inspección Fiscal, partiendo de sospechas e indicios inconsistentes, formule una durísima acusación por fraude fiscal”, relatan.

Conforme cuentan a FUENTES INFORMADAS, “una acusación así -generosamente divulgada a los medios de comunicación por la trama urbanística que sostenia la acusación, por la Fiscalía y la Agencia Tributaria- arruina la vida, la salud y la economía de cualquier persona”. Según las mismas fuentes, su enfado reside en que “a pesar de no tener indicio alguno la malévola intencion surte efecto y hay que esperar muchos años hasta la sentencia”.

Malas prácticas derivadas de la “voracidad fiscal”, publicadas en el libro de Ruiz-Jarabo

El profesor Ignacio Ruiz-Jarabo, reconocido especialista en derecho tributario y exdirector de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, en un reciente libro, Impuestos o Libertad: La hernia fiscal que estrangula a los españoles ha analizado diversas actuaciones injustas de las autoridades tributarias sobre particulares. Esta obra, prologada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a juicio de esas fuentes, revela cómo la ‘voracidad fiscal’ encubre en muchos casos el acoso a determinados contribuyentes y un conjunto de malas prácticas.

Uno de los casos que reseña es el relativo al propio fiscal Emilio Valerio. Ruiz-Jarabo apunta sobre la ausencia de pruebas en aquella acusación: “La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra considera que no resultó probado ni que las facturas fueran falsas ni, consecuentemente, que se hubiera ideado trama alguna. Por su claridad y contundencia no fue recurrida por las acusaciones , pero el daño ya estaba hecho”. Las fuentes consultadas apuntan al respecto que “quizá pueda mantenerse que el Estado de derecho convive, desgraciadamente, en muchas ocasiones, con un ‘Estado de hecho’ en el que los intereses económicos o las envidias determinan la actitud de la Administración”.

Según manifiestan, la Audiencia de Navarra “descalifica completamente” a los inspectores tributarios dirigidos por la Fiscalía y les reprocha que “mientan” y que no hayan acudido a ver las “instalaciones” de la empresa ala. Entre ellas, la bodega, el trujal de aceite, la fabrica de cerveza, los almacenes agrarios, el monasterio en restauración, el edificio de oficinas, la transformacion de todas las tierras en ecológicas. Además, ponen de relieve “el esfuerzo económico y personal de gestión de años”, así como “la creacion de un número importante de empleos en la zona rural”.

“Todo valía para sostener una acusación teledirigida por motivos inconfesables”

Paradójicamente, la acusación afirmaba que “no existían edificios, instalaciones o trabajadores” porque, en opinión de fuentes del entorno de Valerio, “todo valía para sostener una acusación teledirigida por motivos inconfesables”.

El tribunal abunda en el hecho de que no se realizaron los controles necesarios para sostener la tesis de que Emilio Valerio había cometido un delito. “Se manifestó la sorpresa por la ausencia de determinadas comprobaciones que resultaban necesarias y que la inspección foral, disponiendo de medios para hacerlas, desdeñó. Como el desprecio mismo de no haber acudido a visualizar las instalaciones (…), pese a tener medios para ello, no procedieran a cursar visita formal a las instalaciones y, con de otros funcionarios forales, proceder a comprobar la realidad y la data de las obras”.

En ese sentido, el tribunal que le ha absuelto señala que “se apreciaron inconsistencias en los informes de los funcionarios de la inspección tributaria de Navarra que constituían la base de la acusación”. Asimismo, “se observaron inconsistencias en las declaraciones en juicio que realizaron los inspectores” y “se detectó que en dichas declaraciones, los funcionarios reseñados incurrieron incluso cuando menos en contradicciones en las reseñadas declaraciones”.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Navarra califica “como insuficiente la credibilidad de los informes basándose en los que formuló la acusación”. Por lo que, considera que “no cabe un pronunciamiento generalizado de falsedad por el mero hecho de que las mismas [las facturas] tengan defectos formales y sean calificadas, por la propia inspección, en vía administrativa, de ‘sospechosas'”. Incluso las citadas fuentes subrayan que en el interrogatorio donde a la acusación se le preguntó si había valorado debidamente “la realidad de las obras”, esta respondió que “eso debían hacerlo los acusados” para “sorpresa” de la defensa de Emilio Valerio.

En el libro de Ignacio Ruiz-Jarabo se explica que “es fácil imaginar la satisfacción y la alegría que supuso para los acusados el fallo absolutorio conseguido y, como es fácil imaginar también, la inquietud y la zozobra, la angustia y la desesperación que debieron vivir durante varios años hasta lograr su absolución”. El antiguo director de la Agencia Tributaria añade que “enfrentarse a la solicitud de lo que para ellos solicitaba la Fiscalía debe ser lo más parecido a una sofisticada tortura, máxime cuando, según se deduce del fallo absolutorio, la acusacion no se correspondía en nada con la realidad de los hechos”.

Las mencionadas fuentes insisten en aseverar que no hay forma de “resarcir” a Emilio Valerio y a la persona MM. GG. por la “tortura injusta, ilógica y cruel” a la que fueron sometidos. De hecho, agregan que “nadie” podrá repararle “la inquietud, zozobra, angustia y hasta desesperación que se les provocó injustamenre durante años”, así como “el perjuicio económico” en gastos de defensa jurídica, el bloqueo de su patrimonio y las pérdidas de sus empresas por el gran “descrédito social” ocasionado.

En opinión de dichas fuentes, “el Estado ha usado varios de los instrumentos poderosísimos que le otorgamos los individuos, acusa indebidamente a dos de sus ciudadanos y realiza contra ellos un ataque furibundo, afectando gravemente a su hacienda y a su vida. Cuando queda sentenciado que la acusación era indebida”. El entorno de Valerio considera que “el Estado se pone de perfil, mira frívolamente por la ventana y se presta a preparar otra acusación y a lanzar otro ataque furibundo y coordinado contra otros individuos”.

Por esa razón, sostienen que en esos casos, como el que ha afectado a este profesional apartado de la carrera fiscal, “la actuación del Estado merece ser catalogada como el peor enemigo del individuo. La paradoja es que somos los individuos los que creamos, mantenemos y financiamos al Estado”.

Hubo “connivencia” entre una operación urbanística y el entonces inspector jefe de la FGE, Fausto Cartagena

El propio Ruiz-Jarabo atestigua la campaña de persecución contra el ex teniente fiscal de Madrid y destaca que todo ello va “mas allá de la inexistencia de condena, el conjunto de las cuestiones apreciadas, de la absoluta falta de basamento de la acusación formulada, cuestión que suscita una duda razonable sobre la profesionalidad de los inspectores tributarios actuantes y, por supuesto, del fiscal que asumió de manera incomprensiblemente acrítica las conclusiones de aquellos”.

El autor de la obra Impuestos o Libertad va más allá en su análisis dice textualmente: “Pero, orillando las cuestiones relativas a la profesionalidad, mi interés se centra especialmente en la perspectiva humana (ética o moral de los reseñados)”. Según las fuentes consultadas, él no habría efectuado ese ataque si hubiera estado en el lado acusatorio, “aunque fuera cumpliendo órdenes de su superior jerárquico”.

Las citadas fuentes advierten de “la connivencia” entre la operación urbanística y el entonces inspector jefe de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena. Se basan en que “no sólo le proporciona a aquel delincuente ambiental todos los escritos de los expedientes para que los divulgue públicamente, sino que incluso, manifiesta en diversos escritos la intervención en la Inspección Tributaria de la Fiscalía –que es absolutamente ilegal y contraria a la división de poderes-“.

Todos esos comportamientos, que tachan de “señalamiento por parte de los poderes oscuros”, arrojan “serias dudas sobre la actuación de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria”.