El coronel auditor del Cuerpo Jurídico del Estado Alfonso Barrada Ferreiro ascendió a una plaza inexistente de general auditor (un general de brigada) en junio de 2021. Propuso el ascenso la ministra de Defensa, Margarita Robles. Fue elevado a ese rango a pesar de que no existía ninguna vacante para ese puesto y en perjuicio de otros coroneles que, en su caso, tenían “más antigüedad, mérito y capacidad que él” para llegar al generalato, aseguran fuentes militares, que indican que hay un “malestar enorme” en determinados sectores del cuerpo jurídico.
Ascendió y fue destinado a la Asesoría Jurídica General de Defensa, que es el máximo órgano en el ámbito del asesoramiento jurídico de Defensa. Es el que emite los informes jurídicos sobre los asuntos importantes y los que le pidan desde el ministerio.
No existía vacante en ese departamento. Estaba cubierta por el general auditor José Luis García Castell. Aun así se le dio el cargo.
Lo también llamativo de este asunto es que durante todo este tiempo el destino ha sido “ficticio”, destacan los citados medios. En ningún momento desde el nombramiento ha ocupado despacho en la Asesoría Jurídica Militar del Ministerio de Defensa, ni desempeñado en él “función alguna ni permanecido en la misma, a pesar de que figura como destinado en ella en el escalafón de oficiales, añaden.
Casi nadie le conoce en su departamento
Casi nadie le conoce, ni muchos de sus subordinados, en la oficina de su inutilizado despacho. Siempre según estos medios, su ausencia al despacho es consentida y autorizada por el jefe de esta asesoría, el general de división Antonio Alfonso Rodríguez.
Que lleve dos años sin pisar el despacho es considerado “un escándalo” en fuentes militares, y peor aún que se le consienta sin ningún apercibimiento.
Solo se sabe, señalan los citados medios, que el general Barrada ha ocupado “manu militari” el despacho del juez togado militar territorial número 2, en la calle Princesa, 34, de Madrid. Está vacío porque carece de un juez titular. Aquí acude varias veces por semana: está escribiendo un libro sobre el Cuerpo Jurídico de la Armada.
Se han reducido drásticamente los ascensos a generalato porque debido a que el Consejo del Poder Judicial no se ha renovado y el actual carece de capacidad para efectuar nombramientos en la jurisdicción militar. Hay un gran malestar. Sobre todo contra el general consejero togado Antonio Alfonso Rodríguez, asesor jurídico de la ministra Robles.
Alfonso no le ha abierto ningún parte pese a sus ausencias a su despacho oficial. No el de la calle Princesa. Recuerdan estas fuentes que el Código Penal Militar castiga con penas de cárcel al militar que no persiga las infracciones penales que conozca o las eleve a sus superiores.
La Asesoría Jurídica depende de la subsecretaría de Defensa. Antes estaba al frente Amparo Valcárcel y ahora Adoración Mateos Tejada. A las citadas fuentes les extraña que ni la Fiscalía Togada ni la General del Estado hayan tomado cartas en el asunto. Y que nadie haya investigado nada.
“Contrasta esta pasividad con la implacable celeridad y dureza con que se castiga cualquier ausencia de destino superior a tres días del resto de los militares y guardias civiles”, zanjan las citadas fuentes.