Destinados 1.889 millones de euros para rehabilitación residencial y vivienda social

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunidades y ciudades autónomas han ratificado hoy por unanimidad la propuesta de distribución territorial de 1.889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.

El acuerdo, alcanzado durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, permite dar continuidad a los programas de rehabilitación residencial y de construcción de viviendas en alquiler.

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha presidido la conferencia, en la que ha estado acompañada por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

De los 1.889 millones de euros, 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para la construcción de viviendas en alquiler social. Las subvenciones están incluidas en el Componente 2 del Plan de Recuperación, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana».

Las subvenciones buscan reducir la huella de carbono y el consumo de los hogares, una medida vital para luchar contra el cambio climático y disminuir nuestra dependencia energética.

Distribución

Según el acuerdo ratificado hoy con el voto favorable de los representantes de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, los fondos se distribuirán en proporción al número de hogares según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE, del siguiente modo:

La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se suma a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por Mitma a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022.

Con el este acuerdo, Mitma moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y el aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

Un momento clave

A lo largo de la Conferencia Sectorial celebrada hoy se ha puesto de manifiesto, por parte de todos los asistentes, la importancia de la colaboración entre las distintas Administraciones territoriales para aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos, que contribuyen a asegurar el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos de impulso de la rehabilitación edificatoria.

Estos recursos contribuyen a reforzar el conjunto de medidas encaminadas a favorecer las actuaciones de rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de diferentes instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento.

Asimismo, en el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las Administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución.