Desconvocada la huelga indefinida en la Justicia tras conseguir jueces y fiscales una subida salarial de 450 euros

La asociación mayoritaria (APM) dice que el acuerdo es “insuficiente” y estudia si convocar o no un nuevo paro

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria de los jueces–, han llegado a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda para evitar la huelga indefinida y han aceptado la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha declarado el acuerdo alcanzo a los medios. “Acabamos de terminar el texto que se va a firmar el próximo martes. Hemos llegado a un acuerdo seis de las siete asociaciones judiciales junto con el Gobierno y los demás representantes”. La huelga indefinida en la justicia debía iniciarse el próximo 22 de mayo. Seis días antes de la elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 28 de los corrientes.

Tras cinco reuniones, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han cerrado este jueves los últimos “flecos” de la negociación. La APM se ha desmarcado del pacto al considerar “insuficiente” la propuesta del Ministerio, pero no ha precisado si plantea hacer parón.

“Yo estoy en negociación todavía; los demás parece que no, que ya han llegado al término de la negociación”, ha dicho el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, quien ha precisado que “a día de hoy lo que hay sobre la mesa a la asociación mayoritaria no le satisface”.

Preguntado sobre si la APM irá a huelga al desmarcarse del acuerdo de la mayoría, Carbonero ha asegurado que desde su asociación suspendieron “sin fecha” el parón. “Yo no descarto nada”, ha dicho para luego incidir en que “hasta que no llegue el martes, al momento de la firma, hay tiempo de acercar posiciones”.

La propuesta para la función pública

El acuerdo que se ha alcanzado este jueves incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio han comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la “suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización”. Además, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia también “verían fortalecido su papel ejecutivo”.