Crónica de los tempos de lo sucedido

Cuando se descubre un delito, sobre todo cuando resulta tan execrable como el de la corrupción, es imprescindible llevarlo cuanto antes ante un juez para atajar el mal que implica

Medir los tiempos. He ahí una clave crucial de la política de poder. Y de la política concerniente también al despoder. Sobre todo, cuando éste quiere encaramarse y regresar al poder perdido. Lo que está sucediendo en España en estas fechas y llama la atención de los analistas más avezados no es precisamente la abyecta corrupción, esa vieja conocida de los españoles. Sino que obedece, entre otras causas determinantes, al ajuste de los tiempos para administrar informaciones relativas a esta plaga, informaciones presumible y políticamente muy graves, para emitirlas o esquivarlas cuando se conviertan en favorables para una opción política determinada.

Cuando se descubre un delito, sobre todo cuando resulta tan execrable como el de la corrupción, es imprescindible llevarlo cuanto antes ante un juez para atajar el mal que implica. Pero, si su publicidad, su información pública, se dilata o retiene premeditadamente y se busca un momento distinto y posterior al de su origen para hacerla aflorar, ya no es la sed de justicia la que mueve a ese acto sino un interés extrajurídico, socialmente dañino y políticamente sesgado que perpetúa al mal, en este caso, la corrupción descubierta.

Como el lector comprenderá, lo escrito viene a cuento de las revelaciones de un informe de la policía judicial, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, concerniente a actividades supuestamente ilegales y corruptas de Santos Cerdán, responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ex ministro e igualmente ex responsable de la organización socialista y de un machacante de ambos, Koldo García. Es preciso decir que el informe llegó al líder de la oposición y secretario general del PP, como dijo en un discurso parlamentario, al menos tres días antes que al propio Gobierno. Una periodista de medios de derecha lo admitió también, pero nadie ha indagado sobre la fuente que lo filtró.

El informe de la UCO contenía unos audios presumiblemente grabados por el tal Koldo hallados en un registro de su domicilio. Los audios revelarían la existencia de una red de obtención de comisiones ilegales a cambio de presuntas adjudicaciones de obras públicas a determinadas grandes compañías de construcción por parte de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán. Los audios revelan contradicciones entre los tres supuestos miembros de la red a la hora de repartirse el dinero procedente de las comisiones. Y sugieren derivaciones que ensancharían la extensión de la trama a otros individuos, beneficiarios o vicarios de estas transacciones, sin descartar ulteriores alcances. La información detalla las grandes empresas de construcción y algunos ejecutivos que habrían abonado, también ilegalmente, las comisiones. Su monto frisa los 600.000 euros. Otras grabaciones indican que en elecciones primarias de 2014 Santos habría dado instrucciones a García para que sustituya dos votos de votantes ausentes por dos papeletas favorables al candidato a secetario general del PSOE, Pedro Sánchez. Recordemos que él venció en aquellas primarias por 17.000 sufragios, como él mismo subrayó en la comparecencia posterior a difundirse el caso.

Aitor Esteban, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, organización que sustenta la mayoría parlamentaria del Gobierno de coalición PSOE-SUMAR-Podemos, considerado por gran parte de la opinión publicada uno de los mejores parlamentarios de cuantos han ocupado escaño en el Congreso de los Diputados durante décadas, mostraba recientemente su extrañeza respecto a la celeridad con la que el Presidente del Gobierno había aceptado un informe como el de la UCO, “como si se tratase ya de una sentencia judicial firme”.

Resulta evidente que la escena política española se caracteriza hoy por la acompasada sintonía de ritmos informativos entre un partido político apeado del poder hace siete años por la corrupción, el Partido Popular, y un sector dominante del poderoso gremio que luce puñetas de ganchillo en sus bocamangas. Mediante esta alianza entre políticos y algunos togados, unos empeñados en deslegitimar como sea el primer Gobierno de coalición de la democracia y los otros, con medios judiciales, buscando prácticas gubernamentales o partidistas ilegales, han logrado conjuntamente converger y ajustar sus calendarios. Lo cual al les va a permitir marcar la agenda política del país mediante la sincronía y la sucesión de revelaciones informativas coordinadas de supuesta gran relevancia, emitidas en un ritmo acompasado que se espera que será letal y capaz de desbancar al Gobierno. La pinza político-judicial sobre el PSOE se tensa porque, de probarse la gravedad de lo incluido en el informe de la UCO, las consecuencias políticas, orgánicas y de todo tipo resultarían de un alcance inusitado.

Llama pues la atención que las supuestas prácticas corruptas de Cerdán, Ábalos y García pese a haber comenzado a detectarse ya hace varios años, el político valenciano fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, los jueces que dan instrucciones a la policía judicial, la UCO, no hicieran aflorar los audios supuestamente probatorios hasta un preciso momento: el que mostraba la convergencia de intereses con los del Partido Popular. Y ese momento era ahora, precisamente, cuando se iban trenzando simultánea o consecutivamente acciones políticas y judiciales muy significativas.

Telaraña de datos

Prepárese el lector para adentrarse en una telaraña de datos cuya densidad, tal vez, tal vez, forme parte de los propósitos de algunos de sus facedores para enmarañar su comprensión e impedir su análisis sensato y conseguir así que el hastío del gran público le haga optar por el simplismo del “todos son iguales”, con la consiguiente desmoralización política generalizada, que siempre favorece a los políticos más triviales.

Así, el miércoles 4 de junio, sale en libertad Francisco Martínez, el que fuera secretario de Estado de Seguridad bajo del Gobierno de Mariano Rajoy, al que la jueza Tardón hacía mandado encarcelar el 29 de mayo por blanqueo de dinero y por pertenecer, junto con un conocido hacker, a una red de tráfico ilegal de datos biográficos de miles de españoles. Martínez ya está en libertad. Ese mismo día, convoca en Madrid una conferencia de Prensa Leire Díez, militante del PSOE en Cantabria y ex titular de un departamento de Filatelia de Correos, que afirma ser periodista. Señala que buscó confidentes para probar en un reportaje supuestas corruptelas graves en la UCO. En videos y audios difundidos anteriormente por la Guardia Civil, Díez ofrecía apoyos a algunos agentes en la fiscalía a cambio de testimonios inculpatorios contra determinados mandos de la Unidad Central Operativa, investigadores de la corrupción en el PSOE y en otras entidades, de los que sospechaba que filtrarían al Partido Popular con antelación los tiempos, indagaciones y detenciones judicial-policiales al respecto.

Días antes de su convocatoria de Prensa, se barajaba pues, según Leire Díez, la posibilidad de que la corrupción podría haber llegado a algunos mandos de la Benemérita. Un exmando de la UCO que había intervenido en pesquisas de las citadas, trabajaba ahora para la Comunidad de Madrid, uno de los principales bastiones del Partido Popular. La conferencia de Prensa fue interrumpida abruptamente y con graves insultos contra ella por Víctor de Aldama, empresario con nexos con Koldo García e inculpado y en prisión por una trama de fraudes fiscales millonarios en ventas de mascarillas e hidrocarburos, pese a que tan solo un mes y diez días después de entrar en la cárcel, fue puesto inmediatamente en libertad por la Fiscalía Anticorrupción al anunciar que daría pruebas de corrupción sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán respecto de un asunto distinto del que había llevado a encausarle a él.

Una de las hipótesis que se baraja al respecto del caso de Leire Díez es ésta: comoquiera que el sector socialista del Ejecutivo no se atrevió a ordenar al Centro Nacional de Inteligencia que investigase supuestas ramificaciones de la corrupción en la propia UCO para evitar colusiones entre el CNI con la Guardia Civil, algunos de cuyos miembros forman parte del principal servicio de Inteligencia estatal, “la espontánea” Leire Díez se habría propuesto desfacer presuntos actuales y pasados entuertos, como el de la en su día correosa policía patriótica de Villarejo y su persecución obsesiva contra Podemos, persecución aleccionada por la Vicepresidenta del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal. La reacción de la derecha y la extrema derecha, vieron una inducción partidaria sobre la actuación de Leire Díez, no se hace esperar y orquestaron ruidosamente la indignación en la calle “contra quienes atentan contra la Guardia Civil”, a la que dicen considerar intocable.

Llega el domingo 8 de junio, fecha en la que el PP convoca una manifestación antigubernamental anunciada y aleccionada por la red mediática que sintoniza con el partido de la gaviota. Valga decir que, curiosamente, siempre que el PP y/o Vox convocan grandes manifestaciones, surgen incidentes ferroviarios graves, con afectación de multitud de usuarios. El martes, 10 de junio, sobreviene el registro por la Guardia Civil del domicilio en Valencia de un exministro, Ábalos, registro ordenado por el Tribunal Supremo. El miércoles 11, surge el insólito procesamiento del Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, tras desoír el juez que le procesa los testimonios de inocencia a favor de aquel por parte de cuatro periodistas de dos medios, la SER y El País; como se sabe, el desencadenante de este proceso se origina en torno a Alberto Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso que dio instrucciones a su abogado para establecer un pacto con la fiscalía en el que reconocía un delito fiscal de defraudación, grave, en un caso relacionado con la adquisición de mascarillas. González Amador había negado en principio que autorizase a su abogado a pactar con la Fiscalía, pero luego se desdijo y se avino a admitirlo. No obstante, acusó al Fiscal General de revelación de secretos por haber difundido supuestamente el contenido del pacto, cuya iniciativa fue sin embargo confirmada por Neira. El 12 de junio, jueves, la UCO, policía judicial adscrita a la Guardia Civil, que investiga la corrupción a las órdenes de los jueces, filtra las cintas en las que figura Santos Cerdán, que, a su condición de responsable de Organización del PSOE, añade la de ser el principal negociador de los pactos parlamentarios entre el Partido Socialista y los líderes de partidos catalanistas, Junts y Esquerra Republicna de Cataluña. Pedro Sánchez comparece el 13 de junio, viernes, en la sede socialista de la calle de Ferraz, y asume haber sido traicionado por Sants Cerdán y anuncia camios en la Ejecutiva Federal del PSOE; horas antes se había convocado un paro corporativo judicial. El 14 de junio la organización ultraderechista Vox marcha hasta la calle de Ferraz y se registran algunos choques entre ultras y policías.

Esta es a grandes rasgos la secuencia de los hechos vividos en la semana anterior y fechas precedentes. Saque conclusiones el lector, si le queda resuello para seguir esta ristra encadenada y embrollada de acontecimientos. A juicio de algunos observadores y del escribidor de esta crónica, las sucesiones descritas parecen obedecer a una escalada de tensión como las que precedieron al derrocamiento de algunos líderes progresistas europeos y suramericanos. Un dato importante: de instar el PP una moción de censura, cosa que Alberto Núñez Feijoo descarta por carecer de mayoría parlamentaria para ello, esta iniciativa sería inviable mientras los aliados parlamentarios del Gobierno se mantengan firmes respecto de la alianza; si bien, tanto sus socios, Sumar y Podemos, como sus aliados Junts, Esquerra, Bildu y BNG, exigen explicaciones contundentes a Pedro Sánchez, que ha pasado unos días a solas en una finca estatal en Quintos de Mora, tras mostrarse decepcionado con Santos Cerdán, sobre el que dijo en su comparecencia en Ferraz haberse equivocado por darle su confianza, que le fue retirada al responsable de Organización y negociador del PSOE inmediatamente después de conocerse el informe de la UCO, del cual el Gobierno tuvo noticia tres días después que el PP y algún medio de información conservador.

La frustración en medios socialistas, comunista, progresistas y demócratas en general caracteriza la escena política en España. La inquietud crece al conocerse detalles de la supuesta corrupción de personajes prominentes del PSOE y, señaladamente, al percibirse la falta de alternativas políticas sensatas a la coalición gobernante, dada la escasa calidad política y la baja democraticidad de los dirigentes de la derecha y la extrema derecha españolas.

Entre las hipótesis que se barajan sobre lo inmediato por venir, algunos analistas no descartan que Sánchez decidiera dimitir a cambio de mantener la legislatura pilotada en el Gobierno por la Vicepresidenta María Jesús Montero con su misma impronta social hasta su culmen en 2027, fecha de las futuras elecciones generales, a las cuales el ahora presidente del Gobierno concurriría presumiblemente como candidato presidencial por el PSOE.

Desde luego, lo sucedido en España es visto con golososos ojos por personajes como Benjamín Nethanyahu, contrariado por las críticas de Sánchez a su política genocida en Palestina y por el padrino de éste, Donald Trump, que mostró su afecto por Santiago Abascal, dirigente de Vox. Un chiste circula al respecto en Madrid: “se entrega a la Policía el profesor de Francés de Abascal”, por el papelón del dirigente vasco en un acto de apoyo a la ultraderechista gala Marine Lepen.