Hoy: 22 de noviembre de 2024
La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado a Richard W.T. a 30 años de prisión por el asesinato de dos hombres en un pub de Fuenlabrada en 2002. Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto una indemnización de 700.000 euros a 12 familiares de las víctimas.
El jurado popular determinó que Richard W.T., dueño del pub Anaisa, disparó y mató a Jesús Manuel T. y Miguel Ángel C. el 19 de septiembre de 2002. Los hechos ocurrieron tras una discusión sentimental, cuando el condenado disparó a las víctimas con un arma calibre 44 desde menos de metro y medio, de manera sorpresiva, impidiendo cualquier posibilidad de defensa. Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos el 2 de octubre de 2002 en Yeles, Toledo, a donde Richard W.T. los había trasladado con la ayuda de cómplices no enjuiciados.
Richard W.T. huyó a Amsterdam poco después del crimen y fue deportado a la República Dominicana en 2007. En 2019, el juzgado de Madrid emitió una orden de detención y extradición. Richard W.T. fue arrestado en 2021 y extraditado a España en 2022, donde permaneció en prisión provisional.
Debido al prolongado tiempo transcurrido desde los hechos hasta el juicio, el magistrado que presidió el Tribunal del Jurado Popular aplicó la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en la imposición de la pena. Esta sentencia cierra un caso de más de dos décadas de búsqueda y proceso judicial, proporcionando justicia a las familias de las víctimas.
El caso ha tenido una gran repercusión mediática debido a la larga duración del proceso judicial y la fuga del acusado, lo que ha planteado preguntas sobre la eficacia del sistema judicial en casos de crímenes graves y la cooperación internacional en la captura de fugitivos. Las autoridades han resaltado la importancia de la cooperación entre países para llevar a los criminales ante la justicia, destacando el papel crucial que jugaron las autoridades dominicanas y neerlandesas en la captura y extradición de Richard W.T.
Además, este caso pone de manifiesto las dificultades y los retos que enfrenta el sistema judicial español en términos de dilaciones procesales. La aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por parte del magistrado refleja un reconocimiento de estos problemas y subraya la necesidad de reformas para garantizar que los juicios se celebren en un plazo razonable, evitando así que la justicia se vea comprometida por el paso del tiempo.