Chile a las urnas para reformar su Constitución

Entre la carta magna heredada de Pinochet u otra más conservadora

Cerca de 15 millones de personas están habilitadas para sufragar en las elecciones para reformar la Constitución en Chile.

Este domingo 17 de diciembre, los chilenos irán por segunda vez a las urnas para definir si están a favor o en contra del texto propuesto por el Consejo Constitucional, y será el último intento que hará el Gobierno del presidente Gabriel Boric para reemplazar la Constitución actual, que data desde 1980, e impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.

Lo cierto que el pueblo chileno no tendrá una elección, en todo caso cuando vote, lo hará por una opción: La Constitución de Pinochet u otra más conservadora que contiene 16 leyes antipopulares.

La idea de una nueva constitución chilena fue uno de los legados del “estallido social” de finales de 2019. Entonces, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó un referéndum para octubre de 2020, en el que los chilenos decidieron —triunfó el “Sí” con un apoyo del 78%— la conformación de una Convención Constitucional para cambiar la actual Constitución Política de Chile.

En junio de 2021, los chilenos volvieron a votar para elegir a los integrantes de una asamblea constituyente que, por entonces, tuvo una mayoría de izquierda. El texto propuesto, que entonces contó con el apoyo del presidente izquierdista Gabriel Boric, incluía 388 artículos que habrían ampliado derechos sociales, aumentado la regulación ambiental y otorgado al Gobierno una mayor responsabilidad en los programas de bienestar social. También habría brindado plena paridad de género y agregado puestos designados para representantes indígenas.

Sin embargo, con casi el 62% de los votos, la propuesta fue rechazada. Casi inmediatamente después del plebiscito, Boric se comprometió a comenzar un nuevo proceso para seguir con una nueva Constitución, que esta vez contó con el apoyo de los partidos políticos y del Congreso, pero con muchísimas críticas.

El agua, una mercancía

La probable nueva constitución le daría rango constitucional a la expulsión inmediata de extranjeros que hayan entrado al país de forma clandestina, algo que choca con el principio de no devolución que está en los tratados internacionales suscritos por Chile. También se convertiría al agua en una mercancía, dando rango constitucional al negocio en torno suyo.

También, garantizaría la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFJP) –jubilación privada– impidiendo crear un sistema de reparto, lo cual fue un reclamo de las movilizaciones de 2019. Se legislaría la huelga en el marco de la negociación colectiva. En la educación también habría retroceso: establece el financiamiento por estudiante (voucher) el cual iría a escuelas y universidades privadas. El estado se convierte en “sostenedor y no garantizador” del derecho a la educación.

Aborto e igualdad de género

La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los puntos más conflictivos de la nueva propuesta, que introduce un matiz con respecto de la Constitución vigente.

El nuevo texto garantiza la presentación de igual cantidad de candidaturas de mujeres como de hombres.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se expresó en contra, y señaló públicamente que la propuesta pone límites a lo que ella considera que “muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria.” 

Vivienda

Sobre el acceso a la vivienda, el nuevo texto afirma la promoción de “acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con referencia de acceso a la vivienda propia”, aunque introduce una novedad: por primera vez, se elimina el pago de impuestos y contribuciones sobre la vivienda. “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.

Pueblos originarios

El texto propuesto para la nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas, y afirma que “respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos”. También consagra la “interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país”.

Sin embargo, aclara que los reconoce “como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”, en referencia al conflicto mapuche en el sur del país y a las demandas de carácter nacional de esa comunidad. 

También hay en el texto una serie de menciones al terrorismo, al que declara contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación.

Salud, educación y pensiones

Tanto en materia de salud, como de educación y pensiones, la nueva Constitución no introduciría mayores cambios a la actual. Sin embargo, para los sectores de izquierda se institucionalizaría un sistema de fuerte fragmentación social.

En el caso del sistema de salud, el mismo se divide en un sistema público —que abarca al 83% de la población— con grandes deficiencias y listas de espera de hasta dos millones de personas; y el sistema privado, de gran nivel, pero excesivamente costos y, solo atiende al 15% de la población.

En el caso de la Educación, apenas un 9% de la población accede al sistema privado, y un 91% relegado a un sistema público con muchos problemas.

Después del rechazo en 2022 del proyecto progresista, son muchas las interrogantes que se abren con respecto de la realidad que podría dejar planteada la nueva Constitución, cuyo borrador fue impulsado por la extrema derecha, liderada por el excandidato presidencial pinochetista José Antonio Kast que sostiene que serán vigente lo que funciona y agrega algunos temas que darían más estabilidad al país y lo harían más robusto institucionalmente.

Desde el progresismo se levantaron muchas voces en contra, una de ella reclama el debate sobre el futuro como el cambio climático, los derechos de las mujeres, las diversidades culturales y los pueblos originarios, entre otros, y señalan que solo fortalece la estructura neoliberal.

Boric, resignado

En caso que las urnas le resulten una nueva derrota al actual presidente Boric, se resignará a irse de la Casa de la Moneda sin cambios en la Carta Magna. “Hemos tenido, desde hace algunos años, cierta incertidumbre, por ejemplo, en nuestro proceso constitucional, pero les puedo asegurar que después del plebiscito, cualquiera que sea el resultado que el pueblo elija, ese proceso llegará a su fin”, dijo Boric en inglés durante un foro de líderes empresariales en San Francisco, Estados Unidos.

“Sabemos que para tener un desarrollo de largo plazo necesitamos certezas. Y certeza es lo que un país serio como Chile puede brindar con el manejo fiscal que tenemos de nuestra economía”, agregó el mandatario, quien participó en esa ciudad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica (APEC).