Hoy: 22 de noviembre de 2024
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha pronunciado este miércoles sobre la idea de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de llevar la a la Mesa de Diálogo con el Gobierno la petición de celebrar un referéndum. “Es perfectamente legítimo por una fuerza democrática hacer una propuesta política”, ha asegurado acerca de la posibilidad sugerida por ERC en la que las condiciones para que Cataluña se independice es que participe como mínimo el 50% del censo electoral y que cuente con el 55% de votos afirmativos.
“En ese sentido, máximo respeto por esa propuesta que ha hecho ERC, nuestra posición es pública y conocida“, ha incidido la ministra en una entrevista en TVE.
Así, en cuanto por la posibilidad de que se celebre un referéndum acordado con el Ejecutivo central, ha indicado que se trata de es algo que “hay que discutir” y que “es muy legítimo plantearlo en una mesa de negociación”.
Mientras tanto, el líder la vertiente catalana del PSOE, Salvador Illa, se mostrado partidario de celebrar una consulta de autogobierno pero “en ningún caso una consulta para una ruptura, para la autodeterminación“. Es decir, la propuesta del dirigente del PSC se circunscribiría a un proyecto para desarrollar un nuevo Estatut, según han querido precisar miembros del ala socialista Gobierno.
“Si, fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos, se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña que competa a la comunidad catalana, estoy de acuerdo y me parecería bien“, ha zanjado el antiguo ministro de Sanidad en lo peor de la pandemia en una entrevista en El Confidencial recogida por Europa Press.
En este sentido, ha señalado que “es un buen momento para poner en valor todo el camino recorrido hasta aquí”, teniendo en cuenta que esta semana se ha acordado con los republicanos la enmienda transaccional que dulcifica la malversación, entre otras medidas del Código Penal.
Belarra se ha congratulado de los avances en el diálogo con Cataluña porque hace cinco o seis años había “con un proceso de judicialización de un conflicto político porque no se sentaban a hablar y no querían escuchar la realidad del país, que es un país plurinacional”, en una crítica directa a la manera de abordar el desafío separatista del PP.
Sin embargo, cabe recordar que lo acordado entre el PSOE y ERC respecto al nuevo tipo de la malversación, un delito íntimamente vinculado a la corrupción, consiste en rebajar las penas a entre uno y cuatro años de cárcel, cuando antes la horquilla era entre ocho a 12. Según ha trascendido, se castigará a “la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado”, “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado”. Unidas Podemos se ha salido de la ecuación, aunque ha apoyado la enmienda en la ponencia de este lunes para que “no descarrilara”.
Pero la reforma penal no se queda ahí. También entrará en el cambio del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados e introducirá delitos para los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que bloqueen la renovación del Tribunal Constitucional. Además, ha despertado las quejas de determinados sectores de la Justicia por cómo se ha presentado: en forma de una proposición de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en lugar de registrar un proyecto de ley ya que se trata de una iniciativa de los socios de gobierno.
Por último, la ministra y líder de Podemos, no ha querido detallar cómo se pactaría este referéndum y dónde se llevaría a cabo, pero ha mantenido que “se hablará de todas las propuestas políticas como no puede ser de otra manera“.