PSOE y ERC consuman su pacto para beneficiar a los independentistas: rebajas de hasta cuatro años en la nueva malversación

Los socialistas mantienen que no se despenalizarían los delitos de desvío de fondos públicos para los condenados por el 1-O, mientras que los republicanos aducen que las penas podrían quedar en una multa e inhabilitación

El PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han registrado este lunes por la noche una enmienda transaccional para crear un nuevo tipo penal de malversación que rebaja las penas hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por desviar fondos públicos a un uso diferente al inicialmente previsto. El objetivo, beneficiar a los líderes independentistas del procés condenados, imputados o pendientes de enjuciamiento por el referéndum ilegal de 2017. La moneda de cambio es seguir sosteniendo al Gobierno. Han acelerado la reforma se apruebe de forma definitiva antes de que acabe el año, el próximo 22 de diciembre en el Senado.

El texto es el resultado de mezclar las enmiendas presentadas por ERC y PSOE con algunos matices, en la que Unidas Podemos se ha desmarcado por tener dudas jurídicas a pesar de haber mostrado su intención de apoyarla. Se enmarca en una reforma del Código Penal en forma de proposición de ley que modificará también el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados e introducirá delitos para los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que bloqueen la renovación del Tribunal Constitucional.

De este modo, según ha informado Europa Press, la propuesta del PSOE para crear un nuevo delito de malversación para penar con entre uno y cuatro años de cárcel -actualmente está tipificado con entre ocho a 12- y entre dos y seis años de inhabilitación a “la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado”, “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado”. Por otro lado, en el caso de que no se aprecie ese daño o entorpecimiento la inhabilitación caería a entre uno y tres años.

Asimismo, plantean que si el culpable de cualquiera de los nuevos tipos de malversación propuestos -con o sin ánimo de lucro- “hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados“.

Griñán, Puigdemont o Junqueras, los posibles favorecidos

Hay que recordar que en 2015 el PP configuró el delito de malversación de forma que se equiparon y aumentaron las penas tanto para los supuestos en los que se robaba dinero del erario público para beneficio privado como para los que esa cantidad se orientaba hacia un gasto público distinto al previsto (el que se ha rediseñado ahora).

Hay quien considera, sobre todo desde sectores socialistas, que para los casos de los líderes secesionistas no se despenaliza el ilícito vinculado habitualmente a la corrupción sino que cabría esperar una pena de cuatro años.

En cambio, desde ERC se apunta que el delito encajaría en mayor medida en el grado más atenuado, el correspondiente “al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado”. O lo que es lo mismo: solo se enfrentarían a una inhabilitación y una multa. Sin embargo, el peor escenario que se plantea es que las condenas sean de uno a cuatro años.

La reforma podría favorecer a una decena de líderes independentistas, entre ellos el exvicepresident catalán Oriol Junqueras o el fugado expresident Puigdemont, así como a los condenados por los ERE, incluido el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y, en general, a los sentenciados por este delito. En este caso, operaría el principio de retroactividad a favor del reo que obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma señalada.