La Policía avisa de estafas a migrantes que prometen tramitar la regularización antes de que exista el plazo

ONG y entidades sociales detectan ofertas fraudulentas en redes mientras el Gobierno insiste en que el proceso aún no está aprobado y pide «calma»

El anuncio de una regularización extraordinaria para personas migrantes ha generado esperanza, pero también confusión y un terreno fértil para el fraude. Varias organizaciones sociales han detectado en los últimos días ofertas en redes sociales y canales informales de supuestos intermediarios que, a cambio de dinero, prometen tramitar solicitudes para un procedimiento que todavía no está habilitado.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido de estas prácticas y asegura que cada vez más personas acuden a sus oficinas con dudas o con la sospecha de haber sido engañadas. “Lo primero es transmitir calma e información veraz. La regularización todavía no está aprobada”, explica Elena Muñoz, coordinadora jurídica de la entidad.

La incertidumbre se repite en otras organizaciones. En Accem señalan que reciben consultas constantes sobre fechas, requisitos o documentación necesaria. Entre las mayores preocupaciones están los certificados de antecedentes penales, que en algunos países implican costes elevados o largos trámites. Por ello, recomiendan ir preparando documentos básicos, como el pasaporte en vigor, pero evitar gestiones o pagos a terceros que prometan acelerar el proceso.

En Andalucía, la Federación Sur Acoge habla de un “incremento muy significativo” de personas que piden cita o acuden presencialmente a informarse. Muchas llevan años en situación irregular y ven en esta medida una oportunidad para estabilizar su vida. En Cantabria, las peticiones superan el medio centenar diario, mientras que en Galicia la presión aún es moderada.

La expectativa también se nota en consulados. En Madrid, ciudadanos argelinos han acudido a su embajada para solicitar certificados penales, y en Barcelona se han registrado colas ante el consulado de Pakistán con el mismo objetivo.

El Gobierno pide prudencia

Ante este escenario, el Gobierno ha pedido prudencia. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerda que el texto normativo sigue en fase de audiencia pública y que todavía debe pasar por informes jurídicos y por el Consejo de Ministros antes de publicarse en el BOE. No será hasta entonces cuando se abra oficialmente el plazo de solicitudes, previsiblemente en abril.

Las autoridades insisten en consultar únicamente canales oficiales y desconfiar de cualquier oferta de tramitación de pago. En la misma línea, la Federación Española de Municipios y Provincias ha señalado que los ayuntamientos no disponen aún de información concreta para orientar a los interesados y están derivando las consultas a delegaciones del Gobierno.

Mientras se aclara el calendario, las entidades sociales temen que la desinformación siga siendo aprovechada por estafadores. El mensaje común es claro: esperar a la normativa definitiva y no pagar por gestiones que, por ahora, simplemente no existen.