Anticorrupción ultima un informe para exculpar a Esperanza Aguirre de la presunta Caja B del PP de Madrid

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La ex presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre | Fuente: Flickr

La ex presidenta quedaría así definitivamente libre de acusaciones en lo concerniente al Caso Púnica

El Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ve indicios suficientes para mantener imputada a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como máximo responsable de la presunta Caja B del PP de Madrid. Aguirre lleva imputada en esta causa desde 2019.

La fiscalía Anticorrupción está ultimando un informe pata exculparla ante la falta de pruebas que la señalen como inductora de la corrupción existente en tres organismos que ella presidía: el Partido Popular de Madrid, el Gobierno regional y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (FUNDESCAM).

El informe de exculpación de Aguirre por parte del fiscal Luzón, sin embargo, empezó a generar tensiones en el seno de la propia Fiscalía desde que se encargó la redacción del mismo al ultimo fiscal en incorporarse a la investigación y, por lo tanto, más novato en el caso: Alejandro Cabaleiro, dejando atrás a las dos fiscales más veteranas en la investigación: María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá. Ambas fiscales han planteado, incluso, no firmar dicho escrito ante la gran cantidad de sospechosos que no han sido acusados, según informa hoy el diario EL PAÍS.

Se da la circunstancia de que el mes pasado los tres fiscales solicitaron más tiempo al juez Manuel García-Castellón, para que Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, aportase las supuestas pruebas que dice guardar sobre su destino en el Mercado Puerta de Toledo desde donde dice, desvió “un millón de euros para pagar gastos electorales”.

El caso Púnica

La imputación de Esperanza Aguirre, se enmarca dentro del Caso Púnica. En un primer momento las investigaciones se centraron en los chanchullos de Francisco Granados, lugarteniente de Aguirre, como consejero y secretario general del PP de Madrid. Dos años después, en 2016, la Guardia Civil encontró en la vivienda de Granados una libreta con apuntes sobre actos electorales, y anotaciones sobre entradas y salidas de dinero destinado a la campaña electoral de 2011. Las investigaciones se centraron en los presidentes autonómicos y fueron imputados Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

La única que resultó exculpada fue Cristina Cifuentes. A día de hoy, aún siguen imputados Ignacio González y Esperanza Aguirre.

En la Fiscalía todos estaban convencidos de que Aguirre (la Lideresa) era culpable. Que ella era quien se había beneficiado más de la trama. No solo había utilizado, supuestamente, el dinero en sus actos electorales, sino que, además, ella mandaba en la Comunidad cuando se detectó la corrupción en tres instituciones que ella lideraba. “Era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza” llegó a decir el juez.

Aquello que en aquellas épocas estaba tan claro, ¿qué eran? ¿Conjeturas? ¿Hipótesis? La justicia exige pruebas. Si antes había motivos para hacer esas declaraciones, ¿por qué ahora no?. ¿Qué ha cambiado? Lo cierto es que ahora el mismo juez, Manuel García Castellón, tendrá que decidir, en base al informe elaborado desde Anticorrupción, qué cargos del Partido Popular de Madrid deben ser procesados.

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