La aplicación del Ministerio del Interior ha llegado a alertar de más de 120.000 situaciones de peligro
La aplicación de alertas de seguridad ciudadana AlertCops, del Ministerio del Interior, ha alcanzado más de dos millones de descargas desde su lanzamiento en el año 2014. Y los usuarios que la han utilizado han avisado de más de 120.000 situaciones de riesgo relacionadas con casos de violencia de género, robos, acoso escolar, maltrato animal o peleas.
Una de las novedades ha sido la incorporación del “Botón SOS”, dirigido a mujeres víctimas de violencia machista. Además, se puede conocer, mediante la geolocalización de las alertas enviadas, dónde se sitúa la patrulla más cercana para agilizar la respuesta de las Fuerzas de Seguridad.
Otro dato a destacar es el de los millones de turistas que utilizan Alertcops, ya que funciona en más de cien idiomas. Además, está disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android (Play Store) e iOS (App Store), y su descarga es gratuita. Después de esta, el ciudadano solo tiene que registrar su terminal como nuevo usuario con sus datos personales.
La aplicación también es muy útil para localizar a personas en paradero desconocido. Aunque, en este caso, el problema se produce cuando estas no llevan móvil, una realidad que se da, especialmente, en aquellas que tienen una demencia.
El equilibrio entre seguridad y derecho a la intimidad
Un fenómeno que supone un gran reto para cualquier sistema de seguridad es el de la violencia machista. De hecho, en 2022, el 43% de las mujeres asesinadas por agresiones de este tipo había denunciado previamente.
Ante este problema, el equilibrio entre la seguridad y el derecho a la intimidad ha salido la palestra. Hace unas semanas, el Ministerio del Interior preguntó a la fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, si se puede alertar a mujeres que denuncien una agresión por violencia de género, en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes.
La respuesta fue afirmativa, pero siempre de que no se trate de una práctica generalizada ni automática, y si, previamente, hay una conclusión de que existe un “factor de riesgo relevante” para la mujer denunciante. Y con la garantía de que se respetan requisitos constitucionales como el derecho a la intimidad o la protección de datos de carácter confidencial.