Hoy: 8 de septiembre de 2024
La empresa de seguridad Segurisa, que prestaba servicio en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 cuando manifestantes convocados presuntamente por Tsunami Democràtic tomaron las instalaciones en protesta por la sentencia del procés, realiza un informe elaborado que describe el minuto a minuto de los altercados: “13.12 horas, hay un grupo de presuntos CDR intentando acceder (…) a las instalaciones aeroportuarias”.
Este informe, y el de la empresa Ilunion, a los que ha tenido acceso Europa Press, hacen un relato de lo vivido por sus empleados en ese intento de toma del aeropuerto, hechos en los que se apoya el juez de la Audiencia Nacional que investiga el papel de la plataforma Tsunami, Manuel García Castellón, para sostener que indiciariamente hubo un delito de terrorismo.
El documento de Segurisa que recoge todos los incidentes de ese día, registra que a las 13.12 horas uno de sus empleados confirma que “hay un grupo de presuntos CDR intentando acceder por el ascensor (…) y por la rampa de subida a las instalaciones aeroportuarias”, y tres minutos después, otro trabajador solicita refuerzo “para evitar posibles intrusiones”.
Desde la sala de control de seguridad se decide entonces realizar seguimiento por el circuito cerrado de cámaras de las “concentraciones de CDR” y a las 13.38 observan en sus monitores cómo se produce una “aglomeración multitudinaria en el pasillo” que conecta la zona intermodal del aeropuerto.
Para entonces, la llegada de ciudadanos a la protesta va creciendo y, a las 13.50 horas, Segurisa recibe la comunicación de que se cierra el acceso al aeropuerto por Renfe y por Metro. Diez minutos después, el jefe de división de seguridad comunica que deben cerrarse varios accesos más “para evitar posibles intrusiones” y dejan solamente habilitada una entrada.
Es entonces (14.10 horas) cuando el informe de Segurisa da cuenta de que se están produciendo “cargas policiales en el interior del vestíbulo ferroviario en intermodal” y que los CDR están cortando “el vial de acceso a T1 –Terminal 1–“.
El informe da un salto de más de dos horas y se va a las 16.40 horas, cuando registra una aglomeración de manifestantes frente a PR3 –uno de los accesos– y una hora más tarde da cuenta de más aglomeraciones.
La acción, presuntamente promovida por Tsunami, va cogiendo peso con las horas, y esto hace que el informe registre que a las 19.14 horas se pulsaron botones de antipánico en dos mostradores de facturación de El Prat, y que tras comunicarse con esos puestos les comentaron que estaban “asustados por los manifestantes” que se encontraban en el exterior de la terminal.
Esa llegada masiva de personas hace que a las 20.10 horas el Centro de Coordinación de Operaciones (CECOPS) del aeropuerto tome la decisión de que “todos los vuelos de llegada internacionales no Schengen en la Terminal 1” pendientes deben ser movidos a la Terminal 2.
Cinco minutos después, Segurisa recibe una comunicación desde el gabinete de crisis en la que le informan de que “se inicia una operativa especial con la cual los pasajeros de llegada de los vuelos de Terminal 1 embarcan (…) en jardineras hacia la Terminal 2 y que los equipajes de los vuelos de llegada en Terminal 1 serán soltados por las cintas de recogida de equipaje de Terminal 2. Esto da cuenta de que una de las dos terminales quedó inoperativa.
A las 20.30 horas, el informe registra que informan al responsable de la empresa Ilunion de que debe abrir uno de los accesos de vehículos pero “únicamente para la entrada de los camiones de catering”. Ya a las 22.00 horas da cuenta de que por el circuito cerrado observan que las aglomeraciones de manifestantes se están dispersando.
El informe de Ilunion, más escueto, da cuenta de varios incidentes en esa jornada, como cristales rotos fruto de las manifestaciones, el cierre de ascensores y de varios accesos para tratar de contener la entrada de más gente
Se da la circunstancia de que el magistrado, en un auto de noviembre de 2023, destacó que esos altercados y disturbios en el interior de El Prat “ocasionaron una alteración grave de la paz pública” y que hubo “importantes desórdenes y desperfectos públicos” con afectación directa de la libertad deambulatoria de numerosos ciudadanos y que “se puso en riesgo la integridad física de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los propios manifestantes, de los viajeros y los trabajadores de la instalación, además de la propia seguridad aérea”. De hecho subraya que en ese marco “se produjo el fallecimiento de una persona”.
García Castellón explicaba que esos disturbios del primer día arrojaron un total de 125 heridos de los que 47 eran policías. Y añadía que la investigación determinará si el fallecido en El Prat es imputable a los responsables de Tsunami.
Asimismo, cifraba los daños en 978.000€ para Vueling y 1,2 millones para AENA, aunque matizaba que esa segunda cifra fue corregida por el Ministerio de Transporte en agosto de 2023 que la situó en 815.000€.