El otro “caso Tándem”: Dolores Delgado & Álvaro García

La fiscal general del Estado deja su cargo y consigue colocar en su lugar a su “otro yo”, el fiscal jefe de la secretaría técnica, en el horizonte de optar, si su salud se lo permite, a ser fiscal de Sala en la nueva Fiscalía de Memoria Democrática, de próxima creación.

Fue una despedida en regla. Dieciséis páginas de balance de su gestión primero como ministra de Justicia y después como fiscal general del Estado (FGE). Ocurrió el 29 de junio pasado con ocasión de la primera reunión del nuevo Consejo Fiscal, órgano asesor de la FGE. Dolores Delgado, reincorporada de una seria intervención quirúrgica, convirtió el cónclave en una reunión de “bienvenida” vaciada de temas en su agenda.  

“Hay más, muchos más proyectos que verán la luz durante los próximos meses y que responden a un objetivo: hacer realidad un Ministerio Fiscal profesional al servicio de la ciudadanía”, dijo. 

Como una política en campaña, tras ponerse las medallas, señaló: “Porque me vais a permitir que diga que aumentar la plantilla, percibir más emolumentos, tener más medios o más presencia pública solo tiene una finalidad, que es la de mejorar el servicio público que prestamos, porque no somos otra cosa que servidores públicos”. Toma castaña. 

También se refirió al futuro: “Hay más, muchos más proyectos que verán la luz durante los próximos meses y que responden a un objetivo: hacer realidad un Ministerio Fiscal profesional al servicio de la ciudadanía”. 

Y no faltó una mención a quien -ahora se sabe- se encargaría de esos proyectos. “Quiero agradecer a la secretaría técnica y a su fiscal jefe [Álvaro García] la actividad desempeñada que ha sido un ejemplo de modernidad, versatilidad y dedicación. Profesionales procedentes en su mayoría del territorio, de una altísima cualificación, que han demostrado un sentido de servicio público ejemplar. Gracias compañeras y compañeros”. 

Pues eso. Dolores Lola Delgado tenía diseñada su propia salida y había acordado la hoja de ruta, según fuentes consultadas por El Periódico, con Pedro Sánchez. 

En su balance del 29 de julio, la fiscal general dejó un hueco, lo que en el diván de un psicoanalista o una psicoanalista sería calificado como un acto fallido. Un acto fallido que ilumina el desenlace de su carrera en el Ministerio Fiscal.

De la FGE a ser Fiscal de Sala del Supremo 

Se trata de su proyecto de ministra de Justicia, de establecer por ley que cuando un fiscal general del Estado abandona su cargo pasa a ser automáticamente Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la categoría más alta de la carrera. 

Pero también lo volvió a intentar desde la fiscalía general del Estado con una enmienda introducida en la Ley Concursal [sic] por el grupo socialista en el Congreso de los Diputadosen la que se disponía, mediante una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que el fiscal General del Estado “adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”. Sin embargo, esta segunda intentona volvió a fracasar por la oposición de Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Vox. Y la protesta de las asociaciones de fiscales. 

Da toda la impresión, según dijeron a El Periódico fuentes fiscales, que a la tercera la vencida. En román paladino: que Dolores Delgado, una vez recuperada – porque todavía se someterá a una nueva intervención quirúrgica de espalda- aspirará, si su salud se lo permite, a ser fiscal de Sala a cargo de la fiscalía de Memoria Democrática de nueva creación. Porque será una fiscal de esa categoría la que establece la nueva ley. Si bien se ha aprobado la ley ha sido aprobada pasarán varios meses hasta que la plaza salga a concurso, en el último trimestre de 2022. 

Un sucesor designado poco “natural”

La planificada y ordenada salida de la FGE se corporiza en el nombramiento de la persona que Delgado ha designado su sucesor: Álvaro García. 

Y ya que tanto se habla de la categoría de fiscal de Sala, el fiscal jefe de la secretaría técnica no es el número dos de la FGE. La número dos es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a quien Delgado propuso abandonar el puesto de fiscal jefe del Tribunal Constitucional para saltar al Supremo. Es la teniente fiscal la que sustituye a la FGE y asume sus funciones. 

El nombramiento de Álvaro García y sobre todo su “compra” indubitada por Pedro Sánchez y la ministra de Justicia, Pilar Llop, de la iniciativa, es un índice del poderío y autoridad de Dolores Delgado. Porque solo ella podía proponer y hacer que fuese su sucesor “natural”. 

El fiscal jefe de la secretaría técnica que acaba de ser nombrado fiscal General del Estado ha sido una pieza clave en algunas de las principales operaciones de alto voltaje de Delgado. ¿Por ejemplo? La eliminación del fiscal del caso Tándem-Villarejo, Ignacio Stampa. Fue García, quien, sin autoridad para ello, ordenó al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Carlos Ruiz de Alegría, prorrogar la falsa investigación contra Stampa por presuntas filtraciones del sumario a una de las acusaciones populares, la de Unidas Podemos, en esa causa durante casi un año para rematar la faena con la salida de Stampa de la Fiscalía Anticorrupción y por esta vía del ‘caso Tándem’-Villarejo. 

¿No han leído Pedro Sánchez o Pilar Llop la descripción que hizo el fiscal Ruiz de Alegría, un fiscal afiliado toda su vida a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la de Dolores Delgado, sobre la conducta de Álvaro García para acabar con Stampa?

Fue Álvaro García quien se sirvió de las denuncias de María Montero y de Acodap, el sello del exjuez Fernando Presencia (sí, la misma asociación que ha acusado falsamente a Delgado de cobrar dinero en Panamá) para mantener artificialmente abierto el expediente contra Stampa y poder así dar el barniz que necesitaba Delgado en su plan inconfesable de justificar, implícitamente, de ese modo el rechazo a la concesión de la plaza fija a la que Stampa aspiraba en la Fiscalía Anticorrupción y por la que se había dejado la piel, junto con el fiscal Miguel Serrano, en el caso Tándem-Villarejo. Eso ocurrió el 27 de octubre de 2020. 

Precisamente, Alvaro García usó a Acodap, quien le envió un escrito urgente el 26 de octubre de 2020, en vísperas del Consejo Fiscal, para renovar su denuncia, en nombre de “su afiliada María Montero”, y pedir al fiscal Ruiz de Alegría -que había propuesto dos veces el archivo de las diligencias- prorrogar las falsas investigaciones. Usó a Acodap y al exjuez Fernando Presencia para sus propios fines enviado su nueva denuncia a la Fiscalía del TSJM, que ya acumulaba muchas, y al fiscal jefe de la Inspección, Fausto Cartagena. 

Y ello ocurrió -cualquier parecido con la realidad no fue por pura coincidencia- cuarenta y ocho horas después de que el fiscal Stampa, al frente de un grupo de policías, hizo una entrada y registro en la celda de Villarejo, en la cárcel de Estremera, en la cual el excomisario le espetó: “¿Pero a ti todavía no te han echado? ¡Qué acojonada debéis tener a mi amiga Lola [Delgado, la fiscal general del Estado]”.

El agradecimiento a Álvaro García ha sido merecido. Porque en el Consejo Fiscal vino a decir que él era el único responsable de las maniobras inconfesables cometidas contra Stampa. Pero el exfiscal jefe del TSJM, Jesús Caballero Klink, fue el testigo de cargo de todo el montaje. Y lo supo cuando Dolores Delgado y Álvaro García le citaron a la madrileña calle de Fortuny un día de diciembre de 2020.

Viada: “La elección de García solo se explica desde la indiferencia al daño causado a la FGE”  

Delgado no le dio lo que queria -renovar como fiscal superior del TSJM- pero le concedió plaza en el Tribunal Constitucional.

“El ahora candidato a FGE ha sido corresponsable en todo aquello que ha merecido la crítica a la Institución, y, por tanto, participa sin matices del fracaso y desprestigio de la gestión de Dolores Delgado, por lo que su elección solo se explica desde la indiferencia al daño causado a la institución y a la Justicia española”, dijo Salvador Viada flamante miembro del Consejo Fiscal a El Periódico de Catalunya.

García hereda una mesa en la que en primer lugar está la propuesta de nombramiento del fiscal jefe Anticorrupción. El mandato de Alejandro Luzón venció a mediados de junio pasado. Pero Luzón está seguro de que le van a renovar por otros cinco años. 

Palabra de Lola.