Llarena y Marchena, con el «aire de los tiempos»

Los autos del juez instructor del procés y del expresidente de la Sala Penal del Supremo aplican la amnistía por imperativo legal, pero ejercen una especie de «última palabra» feroz contra la mayoría progresista del Constitucional, a la que califican de «grandilocuente»

ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUÑA

La investigación del procés comenzó en la Sala Penal del Tribunal Supremo por una ocurrencia que el fiscal Fidel Cadena aportó al explicar que se trataba de un delito de rebelión, en una reunión informal convocada por el teniente fiscal Luis Navajas en la Fiscalía General del Estado a mediados de octubre de 2017, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fue, pues, una decisión política, incluso antes de que el fiscal general, José Manuel Maza, presentara, el 30 de octubre, la querella por el delito de rebelión.

Y el final también lo es. El 10 de septiembre de 2026, como quien no quiere la cosa, el juez instructor, Pablo Llarena, anunció a un corrillo de periodistas, en el acto de apertura del año judicial, que iba a aplicar la amnistía a Jordi Turull por el delito de malversación. La Sala Penal no esperó a la resolución de cada uno de los seis recursos para aplicar la doctrina del TC, porque todos versan sobre el mismo delito de malversación.

Más tarde, el 6 de octubre, cuando el TC resolvió el caso de Dolors Bassa —en realidad, Llarena sabía por su amigo José María Macías todo lo que pasaba en el tribunal de garantías—, se adelantó y, sin tener aún la sentencia, aplicó la amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. El protagonismo se lo llevó él, y no la decisión del TC.

Fracasada la operación Macías —la propuesta de una sentencia descafeinada de admisión del amparo de Turull, que trataba con guante de seda la conducta de la Sala Penal del Supremo: el boicot a la ley de amnistía con el pretexto del enriquecimiento de los líderes independentistas con los fondos del referéndum del 1-O, que justamente la ley venía a amnistiar—, la Sala Penal desplegó la artillería: la guerra de desgaste contra la mayoría progresista del TC.

La sentencia de Cándido Conde-Pumpido sobre el recurso de Bassa, que fijó la doctrina sobre la malversación, se remontó a la propia sentencia del procés, cuyo ponente fue Marchena. No era la primera vez que, a la luz de esa sentencia, se demostraba lo artificioso de la construcción que Marchena puso en marcha para bloquear la ley de amnistía. Ana Ferrer fue la pionera.

La magistrada formó parte del tribunal del procés y, al debatirse la ponencia de Marchena para rechazar la amnistía a la malversación, pronunció orteguianamente el «no es esto, no es esto». Así lo plasmó en su voto particular, en el que se refirió a la malversación que figura en la sentencia de octubre de 2019, que ella misma suscribió. Fue más agresiva que la mayoría del TC.

Le dijo a la cara a Marchena que estaba fabricando una «entelequia», una «ficción jurídica». Y si eso tuvo consecuencias en la asociación de sus [texto ilegible] «sovietizada», no es difícil entender ahora la virulencia de los ataques a la mayoría progresista del TC.

Marchena y Llarena van más allá de la doctrina del TC sobre la malversación. Afirman que la mayoría progresista «ha ensanchado, hasta límites inéditos en su propia historia, el espacio que el artículo 123 reserva a las garantías constitucionales». Y machacan: «La mutación del tribunal de garantías constitucionales en una última instancia revisora de la interpretación de la norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978 para las relaciones entre los jueces independientes, inamovibles y responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley, y quienes, durante un período temporal cerrado de nueve años, se ocupan de preservar las garantías constitucionales».

La enseñanza es, como en Alicia a través del espejo, quién manda aquí. Llarena y Marchena piden orden. Y Feijóo, justamente, tiene la esperanza de que los 160 escaños en el Senado le permitan ponerlo: nombrar a cuatro magistrados de derechas, reducir la mayoría progresista de siete a cinco y nombrar un nuevo presidente.